El gobernador remitió a Diputados el convenio que firmó con el ministro Martín Guzmán. Para recibir la ayuda, la provincia se comprometió a disciplinar aumentos salariales, contratación de personal y a no emitir “cuasimonedas”.
El articulado es simple: el primero aprueba el convenio que el gobernador y el ministro de economía de la nación firmaron el pasado 16 de julio y el artículo segundo autoriza a contraer el endeudamiento en el marco del convenio celebrado. De allí que convenga analizar el convenio que se enmarca en un decreto del presidente Fernández que creó mecanismos para asistir a las provincias. Ello incluye 60 mil millones para Aportes del Tesoro Nacional y otros 60 mil millones para capitalizar al Fondo Fiduciario de Desarrollo provincial con el que nación otorgará créditos blandos.
El convenio firmado por Gustavo Sáenz y Martín Guzmán justamente supone el otorgamiento de un crédito blando, aunque el documento indica que la plata que desembolsará nación se empleará para que la provincia pague deudas. “El Fondo se compromete a entregar en calidad de Préstamo a la provincia, hasta la suma máxima de $2.100 millones que será aplicado a la cancelación de los requerimientos financieros hasta el mes de agosto”. La cláusula 3 deja bien en clara la condición de “crédito blando”: la provincia devolverá el dinero en 36 cuotas y la primera deberá abonarla el último día hábil del mes de enero del año 2021; la tasa de interés será de apenas el 0,10% y las cuotas se descontarán directamente de la coparticipación nacional.
El convenio estipuló también los compromisos que asume la provincia para acceder al dinero. Desde “implementar las acciones necesarias para asegurar la provisión de los servicios sanitarios para hacer frente a la pandemia”, hasta suministrar a la Secretaria de Hacienda del Ministerio de Economía nacional información fehaciente sobre la evolución de las finanzas públicas provinciales.
Lo más importante, sin embargo, aparece en la cláusula séptima y octava del convenio. La primera de las mencionadas dice que la política salarial y ocupacional “compatible con la disponibilidad de sus recursos y las limitaciones que en la etapa presenta la obtención de fuentes de financiamiento. Traducido: se mezquinarán los aumentos salariales, algo que también debería ocurrir con la contratación de personal.
El punto 8 dispone que el gobierno salteño no emitirá “cuasimoneda”. “En caso de incumplimiento de ese compromiso se procederá a la cancelación del programa”, advierte el gobierno nacional.
