La manifestación será el próximo lunes 6 de diciembre. Los problemas en la liquidación comenzaron a fines de septiembre y concuerdan con la privatización de las auditorias encarada por la presidenta del organismo.
El anuncio de la marcha fue realizado en FM Profesional por la licenciada Ivana Vaca, quien adelantó que los profesionales se reunirán este lunes en la esquina de Alsina y Sarmiento, desde las 11.30 para reclamar las “malas condiciones laborales y la falta de compromiso de algunas obras sociales”; además porque el Colegio de Psicólogos no acompaña el pedido de sus colegiados.
La historia del desaguisado, no obstante, se remonta a fines del mes de septiembre. Aquella vez se conocieron comunicados del Colegio de Bioquímicos y del propio Colegio de Psicólogos que daban cuenta de la falta de pagos e informaban a sus afiliados que el IPSS había tercerizado la auditoría de los prestadores, aun cuando el organismo cuenta con una Auditoría Interna con Auxiliares Administrativos y Auxiliares Médicos que resolvían con pericia las Auditorías Operativas.
Pero lo cierto es que la privatización está vigente y cuesta unos buenos millones anuales. CUARTO accedió entonces a los documentos que lo certifican. La Resolución 381, del 22 de agosto de 2020, formalizó el vínculo entre el IPSS y la empresa “GVO Auditores & Consultores S.A.S.”. El artículo 1° del contrato que se anexó al documento indica que el Instituto “encomienda al estudio y éste acepta la prestación de los servicios de Auditoría y Confección de Estados Contables, Auditoría Operativa y Auditoría Laboral”; el 3° establece que la firma recibiría por la tarea $390.000 (IVA incluido) mensuales; mientras el 4° establecía la duración del contrato: de mayo del año 2020 a abril de 2021. El 31 de agosto pasado el vínculo se actualizó mediante la Resolución 320. En los considerandos se indicó que la empresa presta satisfactoriamente el servicio y que solicitó una “actualización de los valores arancelarios”.
Gladis Sánchez lo consideró factible tras evaluar la situación financiera del organismo y cedió un aumento del 35% que se aprobó mediante una adenda que la funcionaria firmó el 28 de junio de 2021 con el CPN Marcelo Gustavo García en representación de la empresa. La adenda fue de una economía de palabras asombrosa: tras especificar el domicilio de “GVO” –un departamento del edificio ubicado en calle Deán Funes 924– el artículo 1° legalizó el pago mensual de $526.500, cifra retroactiva al 1 de mayo del 2021 y vigente hasta el 30 de abril del año próximo. Traducido: la empresa embolsará $6.312.000 en un año.
Las sospechas no terminaban allí. Los trabajadores aseguraron que las tareas antes realizadas por los técnicos del lugar comenzaron a llegar empaquetadas desde la cordobesa “Brindar Salud S.A.S.”; aunque este medio no pudo dar con ningún instrumento legal que pruebe la relación entre la misma el IPSS. Lo que sí se pudo establecer es la negativa de los técnicos a rubricar las prestaciones que los profesionales remiten al organismo y que éste envía a los auditores externos que, al devolverlas “controladas”, necesitan de la rúbrica de los técnicos locales para efectivizar los pagos correspondientes.
“No podemos firmar algo que autoriza la liquidación cuando vemos que a veces los montos autorizados son muy superiores a los que nosotros vemos y a veces son inferiores a nuestros cálculos. Nosotros debemos identificarnos cuando autorizamos cualquier liquidación. Somos los que ponemos la cara ante las quejas e incluso alguna acción de tipo legal. Mal podemos firmar algo que hicieron personas ajenas al organismo, que no sabemos quiénes son ni cómo hacen su trabajo; pero necesitan de nosotros para legalizar vaya a saber qué”, declararon a CUARTO algunos técnicos consultados.
Tras meses de incertidumbre, profesionales psicólogos decidieron marchar. No se descarta que otros profesionales hagan lo mismo en los próximos días, aun cuando no cuenten con el respaldo de los respectivos colegios.
