Del caso Colque a las denuncias cajoneadas | Para Zapata la justicia salteña ayuda a que los cuerpos legislativos sean aguantaderos

Carlos Zapata.

El diputado nacional se refirió al caso del concejal imputado por violencia de género. Aprobó lo realizado hasta ahora para condenar el hecho, pero cuestionó que los resultados no sean similares con las denuncias que involucran a oficialistas.

“Para evitar que la política sea un aguantadero, la Justicia debe investigar las denuncias que se hacen”, afirmó el referente local de Juntos por el Cambio en un largo comunicado que difundió en la jornada de hoy. Allí recordó la relevancia que tomó el caso del concejal capitalino denunciado por violencia de género y celebró la diligencia que tuvo la edil de su partido, Emilia Orozco, quien gestionó información de la Fiscalía.

“A todo esto, se fue conociendo de que tenía antecedentes y realmente nos cabe preguntar ¿qué podemos hacer para que estas cosas no sucedan?” se pregunta para luego recordar que el proyecto “Ficha Limpia” que bloquea la posibilidad de ser candidato a aquella persona que tiene condena en segunda instancia: “así que no solo se trata de la denuncia, sino también de la imputación; el procesamiento; la condena en primera instancia; la apelación y la condena en segunda instancia” advirtió.

Tras asegurar que los derechos en pugna en este tipo de casos consisten en el derecho de los individuos a participar, a ser elegido y el derecho de la sociedad de ser conducida y administrada versus el derecho de la sociedad a tener como representantes a verdaderos referentes de cuestiones virtuosas; Zapata resaltó que “hay que preservar el derecho colectivo y el derecho de la sociedad de no caer en riesgo de ser administrada por alguien que haya cometido un delito”.

“La denuncia sola no basta, porque todos conocemos que hay muchas denuncias que no llegan a probarse y no pasan la etapa de investigación. Existiendo un procesamiento, ya existe una semiplena prueba; hay un pronunciamiento de un juez que lo considera presuntamente culpable. Esto podría ser un punto razonable para establecer y poner en stand by a las personas que quieran participar, hasta tanto solucionen su situación. Conspira contra esto y también contra los derechos que tiene el individuo y la lentitud que existe en la Justicia”, explicó.

No obstante, recordó que hay casos que alarman por la impunidad y mencionó al senador por Rosario de Lerma Sergio “Topo” Ramos que “durante 20 años tuvo una causa y finalmente quedó prescripta. Alguien en la Justicia fue responsable de haber cajoneado el expediente, para que a una persona que fue llevada a juicio por el saqueo a las arcas del Estado, aún no se sepa si es culpable o inocente. El delito ha prescripto, pero prescribe porque existe un responsable que no movió la causa y son delitos de acción pública. Aún la Corte de Justicia y la Superintendencia que se ocupa de controlar la conducta de sus funcionarios no han dicho nada”, remarcó.

A continuación, Zapata recordó que Ramos fue nuevamente imputado, que fue requerido por un juez que pidió su desafuero y que el Senado provincial teniendo pruebas y antecedentes a su alcance no hace nada. “Se transforman los cuerpos colegiados de la política, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y los concejos deliberantes, en una especie de aguantadero. Cuando un juez pide un desafuero, lo único que pide es que se allane una inmunidad que otorga la Constitución al cuerpo, que es la inmunidad de arresto. No han sido investigadas a pesar de haber pruebas ¿Hasta cuándo va a seguir protegiendo el Senado a esta persona para que eluda el brazo de la Justicia?” se preguntó.

En ese punto, el legislador nacional recordó otros casos que él denuncio sin que la justicia avance: la de gastos reservados en la Municipalidad de Salta en 2012 o la causa Huergo que se estiró tres años hasta que la Corte Suprema de la Nación dijo que es competencia de la Provincia juzgar los delitos contra la administración pública. “De una vez por todas, la política tiene que dar una muestra clara hacia la sociedad de que no hay hijos ni entenados; que nadie tiene licencia para delinquir siendo político y esa responsabilidad está en los que integran la Cámara de Diputados y Senadores, pero particularmente en la Justicia y en el Ministerio Público Fiscal”.