La Mesa de Derechos Humanos de Salta manifestó su apoyo y solidaridad con las familias del asentamiento. Solicitaron una adhesión pública a la problemática de las 750 familias que viven en condiciones inhumanas en el predio.
Mediante un petitorio que reúne firmas de organizaciones sociales, artistas, abogados, periodistas, referentes políticos, trabajadores y ciudadanos, los organismos de DDHH de la provincia manifestaron solidaridad con los asentados. Tras recordar que en Salta hay un faltante de 72. 000 viviendas y la posibilidad de acceder a un lote es imposible para los sectores más carenciados que se hunden aún más por la crisis provocada por la pandemia, enfatizaron lo siguiente.
“En el asentamiento de Parque la Vega hay 750 familias, con más de 800 niños, que están viviendo desde hace cinco meses y en medio de una pandemia tiradas en el piso, sin baños, sin luz y sin agua. Ante el drama de esas familias, las más pobres y desprotegidas, el gobierno se niega a dar una respuesta, la justicia las criminaliza y funcionarios y medios se dedican a insultarlas y denigrarlas con toda clase de injurias. Según este discurso, los asentados son los ilegales, los usurpadores, los delincuentes, los ladrones, los violentos, cuando la realidad es que son ellos los que están siendo víctimas del abandono del Estado y de la peor de las violencias, la de la miseria y la exclusión”.
Resaltan que, ante el gravísimo problema social, la respuesta no puede ser sacarlos a palos con la policía o dejarlos tirados ahí para que se sigan peleando pobres contra pobres. Por ello propone la formación de una mesa de diálogo en la que estén incluidos todos los sectores interesados. “En este momento, en que la policía está deteniendo a los delegados del asentamiento, decimos no al desalojo y no a la represión, apoyamos la lucha de las familias sin tierra y le reclamamos al Estado que cumpla con su obligación de garantizar el derecho a la vivienda, como lo manda la Constitución”, finaliza el petitorio.
