La lluvia de críticas desde la intendencia, los municipios vecinos y de los propios ciudadanos provocaron la marcha atrás.
La ordenanza sancionada por los concejales de Cafayate que prohibía el ingreso a la ciudad no duró ni un día. La lluvia de críticas de distintos sectores provocó la marcha atrás de la polémica medida.
El miércoles, los concejales habían ordenado prorrogar hasta el 12 de abril el control de los accesos a Cafayate, dejando sin efecto un acuerdo con los intendentes de Animaná, Angastaco, San Carlos y Colalao del Valle que permitía que los ciudadanos de esas localidades cercanas pudieran ingresar a Cafayate para abastecerse.
El acuerdo de los intendentes buscaba garantizar que los pueblos y parajes pudieran proveerse de productos indispensables para garantizar el aislamiento obligatorio. Muchas localidades carecen de negocios básicos y dependen de los ubicados en Cafayate.
Las críticas no tardaron en llegar. Además de catalogar de inconstitucional la ordenanza, los municipios amenazaban con cacerolazos. Los intendentes volvieron a reunirse y acordaron prorrogar el convenio. El intendente Fernando Almeda observó la ordenanza y los ediles se comprometieron a dejar sin efecto los artículos cuestionados.
Las críticas hacia la actitud poco solidaria y poco humanista que tuvieron los concejales llegó también a la ciudadanía de Cafayate, que entendía la necesidad de los vecinos a pesar de que se sabía que llegó a haber mucha permisividad por parte del intendente a la hora de ingresar al pueblo, como pasó durante un tiempo con algunos legisladores provinciales que iban y venían como si nada cuidando sus intereses vitivinícolas.
