Se denomina RADAR (Registro de Ataques de la Derecha Radicalizada). Es una iniciativa es de la activista de la comunidad LGBTINB+ Manu Mireles, el Equipo de Investigación Política de la Revista Crisis y el CELS.
Mireles sostuvo que «crecieron los ataques contra personas LGBT porque los agresores se sienten legitimados por la derecha». Esa problemática fue advertida, también, por les integrantes del Equipo de Investigación Política (EdIPo) de la Revista Crisis con apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y todos juntos armaron un mapa llamado Radar para comenzar a llevar el registro de los hechos de violencia que se cometen contra actores políticos, dirigentes, militantes o en sus locales o casas..
«Sabemos que este hecho no es aislado, sino producto de los discursos de odio que circulan de manera constante y que nos ponen en peligro», es el análisis que hicieron desde el Bachillerato Mocha Celis, del que Manu es secretaria académica. Desde el equipo de investigación coincidieron con esa mirada. «Venimos viendo estas reacciones desde hace unos años, pero sobre todo desde el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que operó como emblema y punta de lanza de los ataques y violencia de la derecha radicalizada», dijo ante El Destape, el integrante del EdIPo Nicolás Pohl.
Si se mira el mapa del Registro de Ataques de la Derecha Radicalizada (Radar), se puede notar el aumento de los hechos: en 2020, fueron registrados 16 ataques; en 2021, 49; en 2022, 51; y en este año, 64. Los hechos se pueden reportar por cuenta propia, pero también son relevados a través de sondeos en medios de comunicación, que son constatados. Cuenta, además, con un semáforo que indica, en amarillo, ataques a símbolos y lugares; en naranja, actos de intimidación y hostigamiento; y por último, en rojo, atentados contra la integridad física y la vida.
“Llamamos derechas radicalizadas a aquellos sectores de la ultraderecha que apelan directa o indirectamente a la violencia como método de acción política. No se trata de un calificativo orientado al contenido de sus ideas, sino a las agresiones y ataques desplegados con intención de silenciar, amedrentar, disciplinar o aniquilar reivindicaciones de derechos individuales y/o colectivos, instaurar miedo e influir en la discusión pública”, explicaron en un comunicado.
