Hay 13.378.912 hectáreas en manos extranjeras. El incremento es producto de un decreto de Macri del año 2016 que buscaba promover “la llegada de inversiones”. Preocupante situación de los valles calchaquiés en Salta.

En 2011 fue sancionada la ley 26.737 («ley de tierras») para poner límites a la adquisición por parte de extranjeros, aunque en el 2016 se produjo una modificación de la misma para permitir la compra de propietarios del exterior y así poder «facilitar inversiones», según había anunciado entonces el presidente.

A dos años de esa medida, el diario Perfil comprobó en base a datos del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) que la extranjerización de la tierra sobre recursos naturales estratégicos va en alza. “Hay lugares en los que se excede el parámetro permitido de adquisición de tierras por parte de extranjeros, que originalmente se había estipulado que fuese del 15% como máximo”, publicó hoy ese medio que, a su vez, recordó que cada gobernación puede negociar ese porcentaje y que la normativa no afecta los derechos adquiridos: si un extranjero poseían tierras antes de la sanción de la ley, sería inconstitucional que el Estado se las expropie.

“Entre las zonas con altos porcentajes de extranjerización en los últimos años se encuentran Campana en Buenos Aires con el 50,27%, Iguazú en Misiones con el 38,80%, o Lacar en Neuquén con el 53,38%. Pero el ranking lo encabezan las históricas localidades salteñas de San Carlos con 59,82% y el departamento de Molinos con 57,79%, son las que mayor porcentaje de extranjerización de tierras poseen, en su mayoría, pertenecientes a capitales estadounidenses y suizos, entre otros”, destacan. Otro caso particular es Jujuy, donde el 26.06 % de las tierras del departamento de Humahuaca son extranjeras.

A la facilidad que dan las provincias para la adquisición y explotación económica de las tierras, se le suma la problemática de los recursos estratégicos que quedan dentro de las propiedades privadas sin establecerse un acceso público, o de su ubicación en zonas de seguridad de frontera, lo cual es inconstitucional.