Corrupción en el IPS | Un organismo sospechado que terceriza lo que podrían realizar sus empleados

Gladis Sánchez.

Después del allanamiento, surgen más preguntas sobre los acuerdos mantenidos con empresas ajenas a la provincia.

El allanamiento en las oficinas del Instituto Provincial de Salud de Salta, a partir de una denuncia contra un empleado que se habría quedado con porcentajes de las derivaciones, vuelve a poner en la mira al organismo.

CUARTO pudo averiguar que en los pasillos del Instituto hay cuestionamientos internos por las tercerizaciones avaladas por Gladis Sánchez, presidenta del organismo. Una de ellas es la de Meditar, una empresa santafesina por donde se realizan las derivaciones en general de los afiliados.

Según conoció este medio, Sánchez dio la orden de que las prestaciones se realicen en Meditar sin excepción, aunque se trata de una práctica que se podría realizar en el mismo organismo, sin el gasto implícito.

Esto genera sospechas, incluso en los montos que se anunciaron tras la denuncia en contra de este empleado (designado por Sánchez), acusado de malversar unos 500 mil pesos. ¿Podrían ser más? ¿Podría haber más gente involucrada?

Ya el mes pasado, CUARTO informó que se habían detectado problemas y una tendencia: la de tercerizar tareas que se podrían hacer internamente. Eso ocurre en la privatización del control de facturas, algo que el organismo podría realizar ya que cuenta con Auditoría Interna con Auxiliares Administrativos y Auxiliares Médicos que resolverían el tema con pericia.

CUARTO accedió a los documentos que lo certifican. La Resolución 381, del 22 de agosto de 2020, formalizó el vínculo entre el IPSS y la empresa “GVO Auditores & Consultores S.A.S.”. El artículo 1° del contrato que se anexó al documento indica que el Instituto “encomienda al estudio y éste acepta la prestación de los servicios de Auditoría y Confección de Estados Contables, Auditoría Operativa y Auditoría Laboral”; el 3° establece que la firma recibiría por la tarea $390.000 (IVA incluido) mensuales; mientras el 4° establecía la duración del contrato: de mayo del año 2020 a abril de 2021. El 31 de agosto pasado el vínculo se actualizó mediante la Resolución 320. En los considerandos se indicó que la empresa presta satisfactoriamente el servicio y que solicitó una “actualización de los valores arancelarios”.

Gladis Sánchez lo consideró factible tras evaluar la situación financiera del organismo y cedió un aumento del 35% que se aprobó mediante una adenda que la funcionaria firmó el 28 de junio de 2021 con el CPN Marcelo Gustavo García en representación de la empresa. La adenda fue de una economía de palabras asombrosa: tras especificar el domicilio de “GVO” –un departamento del edificio ubicado en calle Deán Funes 924– el artículo 1° legalizó el pago mensual de $526.500, cifra retroactiva al 1 de mayo del 2021 y vigente hasta el 30 de abril del año próximo. Traducido: la empresa embolsará $6.312.000 en un año.

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