La fiscal general Gabriela Boquín pidió que el presidente Mauricio Macri deje de dilatar la negociación. Nuevo dictamen apunta que se realizaron pagos millonarios a consultoras, estudios jurídicos y ejecutivos sin actividad comercial.

La fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, detectó supuestas irregularidades en la causa que involucra al Correo Argentino S.A.: se habrían realizado pagos por casi $35 millones a consultoras, estudios jurídicos y ejecutivos que no tienen actividad comercial.

El dictamen que difundió el diario Perfil advierte que existe un “vaciamiento progresivo de la compañía, cuyos administradores y apoderados habrían desviado cifras millonarias a un reducido grupo de personas y empresas vinculadas a ellos mismos. Esos fondos deberían haberse destinado al pago de la deuda al Estado”.

La noticia llegó a más de dos años de que el presidente Mauricio Macri ordenara volver “a foja cero” la causa que involucra al holding familiar en perjuicio del Estado Argentino. Boquín reclamó que el Ejecutivo deje de dilatar la negociación y pague de una vez la deuda que arrastra desde hace 18 años y cuyo monto ascendía a $300 millones.

Del análisis de los libros contables del Correo Argentino desprende que unos $14,8 millones fueron destinados al estudio Tonelli, dirigido por el hermano del diputado macrista Pablo Tonelli, y otra suma fue hacia la empresa Romero Zapiola $ Clusellas, adonde trabajó el actual secretario de Legal y Técnica de Macri, Pablo Clusellas.