“Hay normativas provinciales arcaicas que dan autodeterminación que no pueden tener las fuerzas de seguridad”, declaró el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla, el funcionario nacional que impugnó el Decreto 255 de Salta.

En una teleconferencia ante la Comisión de Seguridad de Diputados de la que participó la ministra de Seguridad Sabina Frederic, Pietragalla informó que entre el 10 de diciembre y el 20 de marzo hubo 71 denuncias por violencia institucional, mientras que desde el inicio del aislamiento social hasta julio se recibieron 541. Incluyen lesiones, pero también fallas en la defensa y atención médica de detenidos.

«Hay normativas municipales y provinciales que son arcaicas y dan autodeterminación que no pueden tener las fuerzas de seguridad. Deben estar atadas a principios de organismos internacionales, como la ONU y la CIDH», advirtió el secretario. Frederic y Pietragalla reconocieron que hubo un aumento de las denuncias durante la pandemia. Y admitieron que en algunas provincias las fuerzas actúan con autonomía política, como es el caso de Salta en dónde el decreto 255 – ahora devenido en ley por la falta de tratamiento legislativo forzada por el oficialismo parlamentario – mereció el repudio de organismos de derechos humanos y hasta funcionarios nacionales.

En ese marco, el Gobierno nacional promueve una ley contra la violencia institucional que buscaría unificar protocolos en las fuerzas de seguridad de todo el país y evitar excesos como los denunciados desde la llegada del confinamiento social del 20 de marzo. El texto, según publicó el sitio La Política Online, lo redactan por estas horas los diputados del Frente de Todos Paula Penacca y Hugo Yasky, en diálogo con la ministra de Seguridad Sabina Frederic y el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti.

Pietragalla aseguró que la secretaría colabora con las víctimas de violencia institucional en la defensa y los peritajes y no busca estigmatizar a las fuerzas. «El objetivo es que cada vez que haya un caso de violación de los derechos humanos no se lo mire al Estado sino al individuo que viola los derechos humanos. Pero es importante la sanción política, porque le da un mensaje claro a la justicia para que avance».

Frederic reconoció que no será fácil cambiar el accionar de las policías provinciales porque tienen plena autonomía. Y el diputado oficialista Ramiro Gutiérrez recomendó que el proyecto de ley sobre violencia institucional sea de «acción pública» para que las provincias puedan adherir y no haya reclamos de constitucionalidad por violación de autonomías. Celebró la baja de los prófugos de este año.