La iniciativa lleva la firma de representantes de todos los espacios políticos: Héctor Chibán, Julio Moreno, Franco Hernández, Jesús Villa, Cristina Fiore, Santiago Godoy, Carlos Zapata, Claudio Del Plá y Gladys Moisés.
Los mencionados forman parte de bloque distintos: desde peronistas y kirchneristas a trotskistas, pasando por representantes del olmedismo y legisladores del PRO. El espanto que los unió es la Ley (antes DNU 255/20) que crea el régimen excepcional sancionatorio que facultad a la policía a detener, juzgar, sentenciar y aplicar la pena a los supuestos infractores de la cuarentena, omitiendo la intervención de autoridades judiciales.
Lo central del proyecto que ingreso a la legislatura hoy a las 16 horas, se expone en el artículo 1 que pide derogar en “su totalidad la Ley 8191, por la cual se crea el régimen excepcional sancionatorio para conductas flagrantes que transgredan las disposiciones dictadas en el marco de la emergencia sanitaria” que en Salta legalizo el abuso policial generando el repudio de distintos sectores de la provincia y de organismos nacionales.
“Inspira este proyecto de ley la necesidad de defender de manera irrestricta los derechos humanos de las y los ciudadanos de la provincia de Salta por la constante amenaza que sufren de ser arbitrariamente detenidos por las fuerzas de seguridad, con el consiguiente riesgo para su salud”, dice la primera parte de la fundamentación del proyecto que culmina así: “La privación de la libertad es una medida desproporcionada y, al mismo tiempo, contraproducente para la prevención del COVID 19, ya que implica el encierro en comisaría u otro lugar de encierro, que suelen ser espacios reducidos y sin medida de salubridad e higiene adecuadas”, concluye la fundamentación.
