El denunciante recibió amenazas de los empresarios sojeros.
La Fiscalía Penal de Joaquín V. González ordenó clausurar una finca de Río del Valle por utilizar glifosato en zonas urbanas.
Todo comenzó con la denuncia de un joven de Las Lajitas. El mismo fue amenazado de muerte por los empresarios sojeros perjudicados por lo que la fiscalía también impuso medidas de protección.
El Expreso informó que personal policial realizó el acta contravencional correspondiente y la fiscal penal subrogante Susana Redondo Torino solicitó una medida inhibitoria al Juzgado de Garantías, requiriendo la habilitación en feria y en carácter de muy urgente ordenar como medida cautelar la clausura del predio.
Redondo Torino consideró el incumplimiento del Código Contravencional de la Provincia que exige tener la certificación de aptitud ambiental.
El joven denunciante y un grupo de vecinos llevaron adelante el caso en 2016 sin recibir respuestas de la Justicia. Consideran que también es una lucha en contra del Estado que garantiza la existencia de estas prácticas.
En medio del tira y afloje por la denuncia, el joven recibió la visita de uno de los empresarios, que intentó negociar con él ofreciéndole cargos para que el reclamo mermara. Ante la negativa optó por amenazarlo.
