La siniestralidad aumentó 21,5% el año pasado con respecto al 2016, lo que dejó un 9,2% más de muertos en accidentes. El 40,9% de las víctimas mortales tenían entre 16 a 30 años, según el Observatorio del Instituto de Educación y Seguridad Vial.
Según datos de la asociación Luchemos por la Vida, en la última década, el promedio anual de víctimas mortales rondó las 7000 personas con variaciones en torno del 10% cuando se dieron los picos más altos. “Esto significa unos 20 decesos por día y más de 100 por semana”, enfatizó un informe publicado hoy por el diario La Nación.
En ese escenario la organización civil Madres del Dolor hizo varias presentaciones en el Congreso para que la ley de tránsito vial sea más dura con los conductores que ocasionen la muerte o lesiones graves a una persona. Propuestas de ese tipo fueron escuchadas en el Congreso y gracias a ello, a fines de 2016, se dieron importantes cambios en la ley de tránsito vial: el exceso de velocidad y el consumo de alcohol y estupefacientes fueron considerados agravantes; se aumentaron las penas por homicidio culposo y lesiones graves al conducir, y se cambió la figura de «abandono de persona» por la de «fuga del lugar del hecho» lo que significa que el responsable será juzgado penalmente si huye aunque la víctima esté acompañada.
No obstante ello, en el anteproyecto de reforma del Código Penal hay varias modificaciones relacionadas con la problemática de los siniestros viales. Las propuestas surgieron del trabajo conjunto con las asociaciones civiles que vienen luchando por penas más duras y condenas efectivas. Carlos González Guerra, director nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y secretario de la comisión encargada de redactar la reforma, propone introducir la figura de «conducción temeraria», una nueva tipología penal preventiva que condenará a quienes pongan en riesgo la vida de las personas al conducir. Esto ocurrirá en los casos en que el conductor exceda la velocidad significativamente, duplique el doble de lo permitido en consumo de alcohol o haya consumido estupefacientes.
Más allá de eso también el ejemplo español es inspirador para el rumbo que toma en nuestro país la lucha contra ese flagelo. Resulta que en ese país durante los años 90 había 9000 víctimas mortales y desde entonces lograron reducirlas en un 81%. Las medidas implementadas fueron de control y sanción: licencias de conducir con sistemas de puntos que varían según la conducta vial de la persona, mejor señalización en las rutas, más controles de seguridad y fuertes campañas educativas con testimonios reales de quienes fueron responsables o víctimas de accidentes de tránsito.
El ejemplo español inspiró a la Argentina a crear la Agencia Nacional de Seguridad Vial, un organismo que desde su origen, en 2008, diseñó e implementó un programa de políticas públicas a nivel nacional con el propósito de reducir estos siniestros. Pusieron en funcionamiento tres acciones simultáneas: centralizar la información, concentrarse en la prevención mediante campañas educativas y ejercer métodos de control y sanción más efectivos.
“Los resultados se hicieron ver muy pronto: entre 2010 y 2013, las tasas de siniestros descendieron abruptamente. Sin embargo, en 2014, la tendencia se revirtió y la curva hizo un camino inverso: hoy estamos con una de las tasas más altas de la última década”, según destaca el Observatorio del Instituto de Educación y Seguridad Vial (ISEV).
