jueves 28 de marzo de 2024
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Condenaron a 17 años de prisión a los 8 implicados en la violación de la niña Juana en Rivadavia

Se dictó sentencia por el hecho bisagra en la lucha de las mujeres salteñas por el aborto no punible: la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal condenó a seis adultos y dos menores por el hecho ocurrido el 29 de noviembre de 2015 en Alto La Sierra.

Los jueces Anastasio Vásquez Sgardelis, Osvaldo Miguel Chehda y Ricardo Hugo Martoccia condenaron diecisiete años de prisión a seis adultos y dos menores por el abuso sexual a una niña wichí en Alto La Sierra.

Los acusados Jorge Gabriel Salas, Juan Domingo Verón, Sebastián Matías Salvatierra, Pantaleón Javier Mansilla, Omar Alcides Arias y Lamas Luis Fernando, fueron condenados a prisión efectiva como autores penalmente responsables del delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una menor. Mientras que dos menores también fueron declarados penalmente responsables por los jueces en el veredicto.

El caso y el propio juicio tuvo repercusión en un país tan lejano como España, en donde el diario “El País” relató el caso y las implicancias que el mismo tuvo en la lucha de los colectivos feministas de la provincia y el país. “La víctima, de la etnia wichí, tenía entonces 12 años, un retraso madurativo evidente y vivía en la indigencia” enfatizó el medio español la semana pasada: “El ataque pasó inadvertido hasta seis meses después, cuando la menor, embarazada de un feto sin esperanza de vida, atravesó una cesárea en condiciones críticas. El caso se convirtió en un icono de la lucha por el aborto legal, en momentos en que el tema no estaba aún en la agenda política del país sudamericano. Este martes, los acusados se sentaron frente al tribunal que deberá juzgarlos”, escribió.

“El 28 de noviembre de 2015, A.M.S. –iniciales de la niña–, no volvió a su casa. Sus familiares la encontraron un día después en una cancha de fútbol de pueblo, inconsciente. Según testigos, fue atrapada cuando estaba con unas amigas y arrastrada hacia una zona de arbustos, donde fue violada por un grupo de varones”, relata la nota que se detiene también en la descripción del paraje Alto la Sierra en donde viven unos dos mil habitantes, el 60% de los cuales son de origen wichí y chorote.

“Para los wichís fue un verdadero calvario constatar la violación, lograr que la justicia escuche a la niña en su lengua materna y “hacer bajar al territorio”, como dicen ellos, a algunos diputados. El desafío fue interesar a la política en el caso” sostuvo el medio español.

El medio español recordó también que el caso de la niña Juana – por el nombre que pusieron a la menor para resguardar su identidad – estaba amparado por ley por uno de los supuestos del aborto no punible, aunque en junio de 2016, una junta médica resolvió practicar a la niña una cesárea en el hospital Materno Infantil de Salta. El feto tenía una patología terminal y murió enseguida.

“En Salta, además, regía entonces uno de los protocolos para la atención de víctimas de violencia sexual más restrictivos del país. Según esa guía local, ordenada por el gobernador Urtubey en contra de leyes nacionales, el aborto podía solicitarse sólo hasta la semana 12 de gestación. En Salta, una fortísima impronta católica (recién el año pasado dejó de regir allí la formación religiosa curricular para la escuela primaria) va de la mano con la objeción de conciencia de muchos médicos”, enfatiza la nota que culmina de la siguiente manera: “Según cifras de Unicef, los hogares indígenas tienen los peores indicadores educativos, sanitarios y sociales del país, y de ellos, los de Salta están entre los más postergados. A.M.S. creció en un hogar precario, mal alimentada y sin educación. Y cuando fue abusada, falló todo el sistema de protección a una víctima “sumida en un estado paupérrimo de indigencia”, como describió el juez de la Corte provincial Abel Cornejo, autor de un pedido de jury contra los primeros instructores de esta causa, que no prosperó”.

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