La norma obliga a la Municipalidad, el Concejo Deliberante, el Tribunal de Faltas y el de Cuentas a emplear hasta 1% de su planta de personal a estas personas. También establece incentivos impositivos para las empresas que lo hagan.
El autor del proyecto, el edil Guillermo Kripper, sostuvo que es una iniciativa de integración y reinserción social para quienes han padecido «una experiencia traumática y, quizás, la más dolorosa que puede tener una persona».
La ordenanza dispone también la celebración de convenios con otros organismos estatales, empresas y organizaciones civiles para facilitar la inclusión laboral y la creación de un registro de puestos de trabajo disponibles en el ámbito privado. En este último caso, se contempla la creación de un sistema de incentivos impositivos para aquellas que ocupen a víctimas de trata en todas sus modalidades.
