Se llama Yamila Veleizán y la señalan de encabezar masiva toma de tierras en esa localidad salteña a los que parcela para venderlos de manera irregular. Sus vínculos con el poder político.
En medio de la toma de tierras en el conurbano bonaerense, la prensa nacional asegura de que en el municipio salteño de Colonia Santa Rosa una mujer organiza tomas de grandes extensiones de campos. “Yamila Veleizán, que se hace llamar la “Milagro Sala 2″. Cobra entre 15.000 y 50.000 pesos en tres cuotas. Ante la Justicia dice que las “regala”. Estuvo detenida durante una semana y quedó en libertad mientras continúa la causa en su contra”, resaltó Infobae en el día de hoy. “La última vez tomó 100 hectáreas de la finca perteneciente a Robustiano Manero, una empresa frutícola ubicada en el acceso a Colonia Santa Rosa”, añaden.
Tras lamentar la lentitud de la justicia salteña –como en otros puntos del país– el informe reseña que la familia Manero ya sufrió otras dos usurpaciones de más de 50 hectáreas. Ambos predios se han transformado en precarios barrios populares que llevan el nombre de Gauchito Gil y Sagrado Corazón. En total unas 500 familias viven en ellos.
“La inacción estatal quedó en evidencia cuando el intendente Mario Guerra ofreció a los usurpadores otros terrenos disponibles en el asentamiento Las Palmeras. Audios de WhatsApp que se viralizaron de aquellas tratativas revelan que el ofrecimiento fue rechazado con desprecio. Horas después comenzaron a formarse otras tomas y asentamientos. Sobre Veleizan y su ladero -el “Mataco” Raul Zelaya- pesan 18 causas.
Integrantes de la familia Manero, relatan a Infobae que son ellos los que siguen pagando los servicios e impuestos municipales y provinciales sobre las tierras tomadas; aunque Veleizan venden las parcelas. “La estafa pudo demostrarse en la Justicia porque en una oportunidad Veleizán hizo un boleto trucho de venta que fue presentado a la Justicia por la mujer timada”. La falsificación de ese instrumento público posibilitó que una fiscal ordenara la detención de la “Milagro Sala 2″ por usurpación, estafa y extorsión.
Después de una semana, la imputada quedó en libertad mientras sigue el proceso en su contra. Recauda también por la luz que suministra a los tres campamentos. A través de un grupo de chat, Veleizán convoca a los allí asentados para cobrarles por un tendido eléctrico ilegal. Las precarias construcciones están enganchadas del cableado público. Lo hace con estas palabras intimidatorias: “A todos los que tengan el terreno en el barrio Gauchito Gil, hoy importantísima reunión, ahora. Cuatro de la tarde en punto. La persona que no llegue a ir al terreno, lamentablemente le tengo muy mala noticia. Desde ya, muchas gracias”. En este caso el que no paga, es desalojado. Así lo denunció ante Infobae Rosa Mamani, una ciudadana boliviana con seis hijos que primero vivió en otra toma, ubicada en la ciudad de Embarcación, donde hay varios asentamientos.
“Esta mujer nos roba. Nos roba a los que menos tenemos. Nos obliga a pagarle 1200, 1.600 pesos por la luz para no desconectarnos y echarnos de nuestras casitas. Digo nuestras porque ella nos vendió. Luz que a esta señora Yamila no le cuesta nada porque estamos todos colgados pero la señora igual nos cobra, y si no le pagamos, nos hecha con sus matones. Ojalá que la metan presa. Le dimos los pocos centavos que teníamos y nos engañó. Ella hizo mucho daño. Ahora nos quieren desalojar y le dimos los pocos pesitos que teníamos. Ella no escarmienta, estuvo detenida una semana pero no escarmienta, sigue vendiendo los lotes. Dice que no le tiene miedo a nadie y es verdad”, dice Mamani.
En el programa “Mates con pucho”, Veleizán hizo referencia a los días que pasó detenida y no faltarón las ironías en su relato y las amenazas con los “Derechos Humanos” (sic): “La pasé bien presa. Obvio. Fui detenida porque la policía, mis amigos los policías, me hicieron una causa por amenazas y disturbios en la vía pública. Yo no amenacé. Yo no me resistí. Esos canas de mierda, no hacen una mierda cuando están choreando, pero para venir a atropellar a la gente, para eso están los canas. Yo ya hablé y Derechos Humanos va a hacer rodar muchas cabezas de policías. La Policía Federal va a venir a poner orden acá y van a tener muchas cabezas para cortar. La gente usurpó los terrenos porque no tienen techo. Y les aviso, no hay desalojo para nadie. Para nadie. A nosotras nos dicen ’las muñecas de la mafia’, porque tenemos mucha plata, ja ja”.
Lo dijo el 17 de agosto. Ese mismo día, pero a las 17:55, una nueva denuncia en su contra ingresaba a la Justicia. Una vez más, el cargo era por presunta “estafa”. La denunciante, Jesica Noemí Rodríguez, declaró bajo juramento que en junio pasado, en la toma denominada Gauchito Gil, Veleizán le cobró primero 300 pesos para “marcar el terreno”, y otros 800 para “la conexión de luz y agua”. Más tarde le exigió 500 pesos “para los papeles porque ella decía que era la encargada de hacer el censo”.
“Después de eso -continúa la denuncia- la encartada -Veleizán- fue detenida por personal policial. Cuando salió nuevamente fue a pedir dinero. Nos reunió a todas y nos dijo que nos quitaría los lotes a todos los que no la apoyaron y que le deberíamos dar 500 pesos nuevamente”. La denuncia quedó radicada en la Fiscalía Penal Colonia Santa Rosa y aún no tuvo una derivación judicial directa.
Las denuncias contra Veleizán comenzaron en el año 2015 cuando otro sector de la finca de la familia Manero, que iba a ser utilizada para la construcción de la terminal de ómnibus también fue usurpado por “la puntera”. La obra municipal nunca se hizo y las parcelas terminaron convertidas en un nuevo barrio popular. A partir de entonces no deja de sumar causas judiciales.
Si bien su sostén político -en caso de tenerlo- no está claro, aunque hay quienes la vinculan al oficialismo provincial, parece lógico el razonamiento de quienes sostienen que la “Milagro Sala 2″ tiene “pierna”.
