11 personas llegaron a juicio y hubo 10 condenas por asociación ilícita, violación de secreto y encubrimiento. 6 efectivos recibieron de 8 a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua.
Se trata de una banda que trabajó arduamente en las rutas salteñas. Sus principales ingresos provenían de los “tours de compras”, esos viajes que suelen ir cargados de artefactos y ropa. Precisamente estos gendarmes actuaban como una organización que cobraba coimas a empresas que trasladaban a comerciantes para realizar tales viajes.
El fiscal general Carlos Martín Amad -a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal Salta- señaló que los integrantes de esta organización solían interceptar los vehículos o colectivos para, en función de la carga que llevaban, establecer la coima monetaria u otra dádiva. La tarifa promedio oscilaba en la suma de 15 mil pesos.
Esta actividad se realizaba a lo largo de la Ruta 5 y otras vías de tránsito en las localidades de Las Lajitas, en el Departamento de Anta y El Naranjo, en Rosario de La Frontera, en el sur de la provincia. Es decir, regenteaban el paso de la mercadería que ingresaba desde Bolivia hacia Tucumán y otras provincias.
El caso, iniciado el 27 de enero de 2017 por la Fiscalía Federal Nº 2 a partir de una investigación preliminar, llegó a juicio el 15 de julio de 2020. Por cuestiones de la pandemia, la resolución demoró más de lo esperado.
Condenas, condenados y condenadas
En las pasadas horas, el Tribunal Oral Federal N°1, integrado por los jueces Marcelo Juárez Almaraz, Federico Santiago Díaz y Marta Liliana Snopek, dio a conocer el veredicto en el juicio realizado a siete gendarmes y miembros de su entorno. De 11 acusados, sólo 1 quedó libre y 6 recibieron condenas con años de prisión. Repasemos una a una.
Ricardo Antonio Gil, oficial de la Gendarmería Nacional, con revista en el Escuadrón 45, deberá cumplir 12 años de prisión. Lo hallaron autor del delito de asociación ilícita, en calidad de jefe y organizador. También recibió una condena por el delito de concusión. Se dispuso su inhabilitación perpetua y una multa por el monto de 777.082 pesos.
Los y las gendarmes Federico Andrés Báez, María Cristina Luján y Guillermo Damián Tillería -también bajo la carátula de asociación ilícita, pero en calidad de “miembro”, en concurso real con concusión- deberán cumplir la pena de 10 años de prisión. Tampoco podrán ejercer cargos públicos en el futuro, y al igual que el oficial Gil, deberán pagar la misma multa monetaria. En el caso de la gendarme Sofía Yanina Suárez, recibió 8 años por los mismos delitos pero no la inhabilitación.
El subálferez Roque Gonzalo Luján recibió 8 meses de prisión condicional e inhabilitación por 2 años para desempeñarse como funcionario público. Lo hallaron autor del delito de violación de secreto, en grado de tentativa.
En otro tramo del veredicto, los jueces resolvieron condenar a dos años de prisión condicional por el delito de encubrimiento, en calidad de autor, a Gisel Paola Gil, hermana del principal condenado. La misma pena recayó a Leonardo Torres, pareja de Luján; Emanuel Fernando Cruz, cabo del Servicio Penitenciario de la provincia, y Adela Fleita, madre de los hermanos Gil.
