La norma fue creada entre funcionarios de primera línea y luego frenada por la Justicia con competencia electoral.
Las largas filas de personas que buscan el bono paralelo de 5.000 pesos que el gobierno de Mauricio Macri ofreció tienen una trama secreta. Así lo reveló el periodista Mariano Martín en el diario Ámbito Financiero en el que describe la historia oculta de cómo se gestó la medida.
El programa- que es investigado por la Justicia federal- quedó resuelto en una reunión entre la titular del Ministerio de Desarrollo Social, Carolina Stanley, sus pares de Producción, Dante Sica, y de Hacienda, Hernán Lacunza, y el directo de Anses, Emilio Basabilvaso.
La idea que entretejían era que en el último tramo de la campaña electoral se lanzara una medida que sea tramitada por dirigentes de Juntos por el Cambio. Y no sabían qué cartera quedaría a cargo. Ignacio Pérez Riba, jefe de gabinete de Producción, ofreció la cartera para montar el programa de subsidios tras la negativa de Stanley.
Así las cosas, activaron mecanismos administrativos en desuso- como el programa 906 que prevé desembolsos de montos no remunerativos en casos de emergencia- y crearon otros nuevos para sortear trabas, como la resolución 1177 de circulación interna que servía para darle marco legal a la maniobra electoral.
Por su carácter clientelista, desde el Frente de Todos denunciaron la maniobra del Gobierno y la jueza federal con competencia electoral María Servini decidió frenar el pago de una primera tanda para 80 mil beneficiarios.
