En la inauguración de la Expo Rural Salta 2020, el presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas elevó un reclamó que resulta contradictorio. Pidieron señales claras al gobierno y Gustavo Sáenz se las dio.
El evento rural salteño estuvo atravesado por relatos de conflictividad por la propiedad de la tierra. Se dieron ejemplos que ocurren en tierras lejanas y que tienen un denominador común: los dueños de miles de hectáreas se sienten amenazados por quienes no poseen un lote de tierra para vivir o una parcela para producir.
La desfachatez no tuvo fin y el presidente de la CRA, Jorge Chemes, mencionó que el avance sobre la propiedad privada “ha venido como tomas de campos, terrenos, o diferentes propiedades”, por lo que solicitó que “desde el gobierno se den señales claras y se tome cartas en el asunto”. Ello por entender que esta situación es “un síntoma peligroso”.
La respuesta del gobernador Gustavo Sáenz fue la que Chemes esperaba: asoció pueblo con el campo y aseguró que “Me van a encontrar en ese lugar peleando para hacer respetar la propiedad privada porque así debe ser y así lo establece nuestra constitución, que se respeten las leyes”.
Lo curioso del caso es que hace años que los conflictos por las tierras en Salta tienen como víctimas a pequeños productores y pueblos originarios que se han visto acorralados por el avance de la frontera agropecuaria y la prepotencia de los grandes productores. Por un lado, concentran tierras; por otro lado, desmontan ilegalmente la misma. Ambos aspectos hunden cada vez más en la miseria a los pequeños productores y pueblos originarios.
Fue una realidad en los gobiernos de Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey; y también lo está siendo en la Salta de Gustavo Sáenz. Según la organización ambientalista Greenpeace, de las 48.656 hectáreas desmontadas entre el 15 de marzo y el 31 de octubre del 2020 a Salta le correspondieron 12.863.
Casi siempre los que se benefician son grandes actores y los que padecen pequeños grupos que no pueden escapar de la miseria. Cuando algunos de estos apelan a leyes que contemplan su situación, los grandes ruralistas interpretan que en la provincia hay falta de “seguridad jurídica” o amenaza para la “propiedad privada”.
En medio de la actual coyuntura se envalentonan aún más y parecen querer reclamarlo todo. Los discursos de funcionarios empujan más en esa dirección. Ayer no fue la excepción. El gobernador Gustavo Sáenz y la intendenta de capital, Bettina Romero, aseguraron que el campo es “el motor del desarrollo”. La verdad es que, tras décadas de ese discurso, la riqueza de los productores va en aumento y la miseria de los pueblos se profundiza.
