Desde mayo del año 2020, cientos de familias ocuparon un predio abandonado en la zona sur de nuestra ciudad. Desde entonces las familias que habitan el lugar pidieron al Estado ser censados. El estudio provino finalmente de la U.N.Sa.
Desde el propio mes de mayo, varios funcionarios y medios de comunicación reprodujeron discursos que estigmatizaban a los asentados: «en realidad no viven allí», «sólo buscan que les den terrenos gratis», «no trabajan», «son delincuentes». La realidad era diferente: mujeres solas que prefirieron vivir en la extrema precariedad antes que seguir padeciendo violencia de género; familias numerosas que no pudieron seguir haciendo frente a un alquiler; trabajadoras y trabajadores informales que perdieron el sustento en el marco de la pandemia; y niños, muchos niños.
“Algo que caracteriza a las visiones dominantes y estigmatizantes es la falta de datos concretos que sustenten las afirmaciones. Esa carencia también aqueja a los organismos del Estado (…) Esa carencia quedó cubierta ahora, al menos parcialmente, merced a una investigación realizada in situ por un equipo de la Universidad Nacional de Salta (UNSa)”, destacó el sitio ANCLA. El trabajo fue realizado por un equipo de la Facultad de Humanidades de la UNSa, bajo la dirección de la cátedra Seminario de Antropología Urbana y con la colaboración de la cátedra de Sistemas Operativos de la Facultad de Ciencias Exactas. Se trata del «Relevamiento Social Asentamiento Parque La Vega» y se encaró como respuesta a una solicitud de las familias del lugar. Se cumplieron estrictos protocolos sanitarios y el trabajo de campo se realizó durante los días 7, 8 y 10 de noviembre.
En el informe -al que tuvo acceso ANCLA- se revela que en el lugar estaban viviendo 346 familias (o «unidades domésticas», como precisa el informe) de las cuales casi las tres cuartas partes tiene al frente a una mujer (el 74,27%). En total se censaron 1207 personas, de las cuales 537 son niñxs. El terreno tiene una superficie total de alrededor de 1,3 hectáreas y antes de que fuera ocupado era «un yuyaral» donde se arrojaba basura y servía como ámbito para múltiples actividades ilícitas, según los testimonios obtenidos.
«La mayoría de las viviendas consisten en carpas precarias de polietileno o en algunos casos casillas de madera y plástico», y en muchos casos albergan a 2 o hasta 3 grupos familiares. En algunos casos también se emplearon «chatarra de hierro, latas, cartones, banners de campañas políticas». Estas construcciones improvisadas se asientan en un terreno irregular de tierra y ripio, que se anega con las lluvias. No cuentan con ningún tipo de servicio: ni luz, ni agua, ni cloacas. El «tratamiento de excretas» se realiza mediante letrinas, muchas de las cuales están colmatadas.
Sobre los motivos que impulsaron a las familias a vivir en circunstancias tan precarias, el trabajo encuentra que el «hacinamiento previo en casa de familiares, la falta de ingresos suficientes para pagar un alquiler y la violencia de género o relaciones conflictivas previas» fueron las causas más mencionadas. Más del 80% de lxs adultxs que aportan ingresos a sus unidades domésticas «poseen trabajos eventuales o temporarios, sin ningún tipo de cobertura social»: albañiles, electricistas, peluquerxs, vendedores ambulantes, etc. Algunos están ocupados actualmente, pero el 21% del total busca trabajo. Ese cuadro, al que la pandemia empeoró explica otro dato relevante: la mitad de las familias contabilizan ingresos de $16.000 o menos, cifra por debajo del límite de indigencia ($21.573 para una familia de 4 miembros, según publicó el INDEC para noviembre de este año)
“El censo se realizó luego de que lxs vecinxs plantearan su necesidad ante una delegación de la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo, el sindicato docente universitario ADIUNSa y la Agrupación de Mujeres y Disidencias Beatriz Perosio entre otras representaciones. Las familias del asentamiento consideraban que sería valioso contar con un relevamiento independiente, que no fuera parte del conflicto, y que contara con el aval de algún organismo oficial” destaca ANCLA.
El miércoles 30/12, integrantes del equipo llegaron al predio para entregar el informe preliminar, el que fue recibido con alegría por los representantes de las distintas unidades que integran el asentamiento. El último día del 2020 lxs vecinxs difundieron un comunicado resaltando la importancia de la información relevada, y manifestando la necesidad de que «la población y el Estado conozcan nuestra realidad en base a un estudio hecho con seriedad y responsabilidad».
