Fue detenido por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública junto a otros. Tras patearlo en el piso lo llevaron por diversos centros de salud pero nunca le hicieron la revisión médica.
El grupo de uniformados -cuya causa en su contra fue iniciada 7 años atrás- pertenece a Infantería de la Policía de Salta. Entonces fueron imputados por el delito de vejaciones agravadas por el uso de la violencia. La fiscal interviniente recalcó que la presencia de personal policial en un lugar en el que pueda existir la comisión de un hecho ilícito o contravención, como en este caso, no puede agravar la situación mediante el uso de la violencia.
Se trata de los efectivos Carlos Alberto Jaime, Marcos Guillermo Rodríguez, Luis Leonardo Olivera, Mario Vicente Ocampo, José Eduardo Gómez, Gabriel Antonio Chumba, Álvaro Rodrigo Belázquez, Andrés Facundo Vega, Jorge Simón Vilca y Adriana Cristina Macarof. Esta última, en su calidad de Comisaria, se encontraba a cargo del operativo. En tanto fueron sobreseídos Pamela Cinthia García, Nelson Ariel Gallardo, Exequiel Maximiliano Sardina y Clara Romina Blasco, por no haberse podido comprobar su participación en los hechos.
Según detallan en la web del Ministerio Público Fiscal de Salta (MPFS) el hecho de violencia policial que ahora derivará en juicio a pedido de la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, tuvo lugar en la zona norte capitalina. Ahí se desarrollaba un campeonato de futbol en el complejo ATSA de barrio Castañares. Tras el partido se dispusieron a consumir gaseosas y un vino en la vereda de ese complejo. Entonces llegó el móvil policial de Infantería acompañado por otros de la Comisaría Sexta, de Ciudad del Milagro y de la Subcomisaría de barrio Castañares. Tras amenazas a los presentes, uno respondió “por qué no van a ver a aquellos que venden drogas”. Eso desató la ira de los uniformados.
El MPFS asegura que en ese momento “fue reducido y golpeado a patadas y golpes de puño en diferentes partes del cuerpo por cuatro o cinco uniformados”. El resto de participantes intervino pero también quedaron demorados. A partir de ese momento inicia un periplo que los tuvo rebotando de lugar en lugar. Primero fueron llevados a la Central de Policía, ahí fueron revisados por un médico legal, todos menos el agredido, quien permaneció detenido hasta el día siguiente. El agredido “fue llevado a la salita de Castañares, donde no consiguieron atención médica y lo regresaron a la dependencia. Lo trasladaron a la Comisaria Sexta; luego a la salita de Vaqueros, donde tampoco fue asistido y fue llevado nuevamente al San Bernardo. Allí extendieron un certificado a los uniformados, pero sin medicar al lesionado. De regreso a la Comisaría Sexta, la víctima fue identificada, le hicieron firmar un libro y le dijeron que se retirara de la dependencia”.
La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que los acusados, excedieron claramente los límites impuestos por la Ley N° 7742, que autoriza a las fuerzas policiales a “hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario”, ya que las lesiones constatadas en la integridad física del denunciante permiten sostener que la conducta de los imputados, afectó el umbral mínimo requerido, con la afectación de los derechos del sujeto pasivo, que recayó en la concreta violación de su dignidad y la integridad personal.
