Son tres policías y dos operarios civiles del 911. El detalle de las imputaciones labradas entre el jueves y el viernes por la Unidad Fiscal Especial formada para investigar la actuación policial en el caso.
Los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero, de Unidad Fiscal Especial formada para investigar la actuación policial en este crimen realizaron entre el jueves y viernes nuevas imputaciones por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte.
Como se viene informando, el día de los hechos la víctima llamó al 911 informando lo que estaba padeciendo. Dos policías (Antonio Sanhueso y Juan Carlos Vizgarra) de la Comisaría del barrio llegaron hasta su casa, pero como no respondía, se fueron, sin verificar el estado en que se encontraba. En la tarde de ese día, el cuerpo de Rosa fue encontrada acuchillada. Por el hecho de sangre se detuvo a una joven de 17 años y un joven de 18. La tercera imputación a personal policial llegó el día 4 de mayo y recayó en el comisario mayor Fabián Tolaba, jefe del Centro de Coordinación Operativa, también acusado por incumplimiento de sus deberes y abandono de persona seguido de muerte.
Las nuevas acusaciones recayeron en las siguientes personas:
El despachante policial Héctor Roberto Herrera: imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real, «por incumplir deliberadamente las obligaciones a su cargo consistentes en informar al Jefe de turno y al Supervisor sobre la emergencia en la cual una persona solicitaba auxilio (…) ya que al ser la persona que tuvo contacto directo con los policías que fueron al domicilio de la víctima, no dio cumplimiento a las previsiones legales».
El jefe de Despacho de Emergencias Policiales, Gustavo González: jefe de Despacho de Emergencias Policiales, imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte en concurso real, «por omitir dar cumplimiento a sus funciones al no haber asignado otros recursos para verificar un incidente de tal magnitud, contando con la posibilidad cierta de escuchar el audio (de la llamada) para tomar una decisión en orden a la asignación correcta».
El supervisor de Despacho, Normando Domingo Corbera: supervisor de Despacho, fue imputado por los mismos delitos que González.
Pablo Ezequiel Bisón Enríquez es uno de los civiles imputados. Es operador del área de Demanda Ciudadana del 911 y fue el que atendió el pedido de auxilio de Sulca. En su caso, los fiscales le atribuyen haber incurrido en incumplimiento de sus deberes de funcionario público, porque «en su calidad de agente integrante del Sistema de Emergencias 911 (…) omitió dar la importancia que revestía la llamada clara de emergencia, y que con una conducta omisiva puso en peligro concreto la vida de una persona al no desplegar una conducta activa que pudo evitar el resultado lesivo».
Marcelo Rubén Tintilay Cordeyro, es el otro civil imputado. Es el supervisor del área Demanda Ciudadana del 911 y los fiscales lo acusaron por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte, «toda vez que, encontrándose a su cargo el contralor de las actividades llevadas a cabo por el operador, incumplió deliberadamente las obligaciones a su cargo al retirarse de su puesto de trabajo por un lapso de 30 minutos sin que otra persona supervisara las actividades, lo que conllevó al peligro concreto hacia la vida de extinta».
