La funcionaria remitió al director de este medio una carta documento intimándolo a rectificar los términos de una nota y a abstenerse de hablar con “malicia” de ella. Daniel Avalos hace público su rechazo a la intimidación.
A la Sra. Sabrina Sansone:
En medio de un contexto pandémico que desliza a todos a hacer frente al shock psicológico, social y económico que produce; cuando aún desconocemos con precisión cuántas son las miles de personas que perdieron sus trabajos; cuando nuestros niños, niñas y jóvenes todavía no pueden recuperar la “normalidad” educativa; y en medio de un tsunami sanitario que castigó y castiga a la producción cultural salteña y a los artistas que numerosas veces denunciaron el abandono que padecen por la gestión que Ud. encabeza; vengo públicamente a manifestarle mi preocupación por la Carta Documento que me cursara el 25 de marzo y por las indebidas presiones que estérilmente pretende ejercer sobre el medio periodístico que dirijo.
Comportamiento que incluyó un llamado telefónico (25 de marzo, 10,39 horas) desde la línea 3875605188 al contacto de nuestro sitio web; llamado que en nombre del Ministerio de Cultura solicitó dirección postal para acercar invitación a un acto oficial que resultó falso, pero sí buscaba dar con el domicilio en el que resido; engaño confirmado cuando, al recibir su intimidación, devolví el llamado al número mencionado (26 de marzo, 15,43 horas) y la trabajadora que se identificó como Inés Noguera admitió la treta, aclaró que ella también había sido engañada por sus superiores y me solicitó entender que era “una simple empleada”. Maniobra que evidencia un simulacro de “inteligencia” innecesario para quienes nos movemos por sobre las mesas y no por debajo de ellas. Sin olvidar que ello violenta la LEY NACIONAL 25.188 DE ETICA DE LA FUNCION PÚBLICA, que en su Artículo 2° inciso f) establece que los funcionarios deben abstenerse “de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados”.
En su intimidación, Ud. asevera que nuestro artículo “CULTURA ESTRATÉGICA – SANSONE NO TIENE PROBLEMAS PARA CONSEGUIR ESCENARIOS” (CUARTO, 22/3/21) es “malicioso” por sugerir que la academia de danza identificada con su persona gozó de algún tipo de “ventaja y/o preferencia con respecto a cualquier otro evento artístico”. Omite decir que ello se dio cuando muchos artistas peregrinan en busca de un lugar en donde exponer su producción, aunque resalta que el evento organizado por “Salta Danza” el 20/3/21 se “realizó bajo el procedimiento administrativo y legal correspondiente que fuera aprobado mediante Resolución de la Secretaría de Cultura N° 117/21 de fecha 19 de marzo” y respetando los procedimientos previstos en las “Condiciones de Uso de las Instalaciones la Casa de la Cultura” de la Resolución de la Secretaría de Cultura N° 495/ 20”.
Resaltemos aquí lo siguiente: ambas Resoluciones fueron aprobadas por la gestión que Ud. encabeza y ello fue uno de los móviles del artículo que según dice está atravesado por la “malicia”. No pretendo aquí teorizar el término que su Carta Documento no precisa, aun cuando Ud. puede argumentar en favor de ello con tantos argumentos como mi persona podría hacerlo en contrario. Sí deseo resaltar lo obvio: el sentido común sugiere que los funcionarios directamente involucrados con la administración de espacios públicos deberían por imperio de la ética evitar situaciones de ese tipo. Sentido común que siempre se traduce en leyes, confirmando que hasta para ser “buenos” debe haber una norma que nos obligue, tal como reza la ya citada LEY DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, promulgada el 26 de octubre de 1999, que en su artículo 2, inciso g), ordena a los funcionarios a “abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa”.
Desconozco si su decisión de intimarnos y apelar a llamados camuflados para identificar un domicilio es compartida por el Ministro del que depende la Secretaría que Ud. conduce, aunque según nuestro relevamiento Ud. nunca sometió a deliberación la conducta adoptada. Surge con nitidez, entonces, que excede largamente el margen de representación colectiva que le otorga su investidura y pretende impropiamente colectivizar la intolerancia para con la prensa libre.
Lo que sí creo saber es el motivo que la impulsa a presionarnos: nuestro permanente señalamiento editorial de una gestión que carece de la vocación para habilitar espacios de producción y transmisión de profundos valores culturales e ideas que honran a nuestra provincia; gestión que también carece de políticas destinadas a contener durante la pandemia a muchos de los que producen esos valores. Influyen también nuestros señalamientos precisos a su conducta personal en medio de la crisis sanitaria que atravesamos. Para confirmarlo, alcanza con que los lectores de estas líneas escriban “Sabrina Sansone” en el buscador de noticias de nuestra página.
Interpreto entonces que la nota que Ud. pretende judicializar generó su intempestiva reacción porque pone en foco conductas que la opinión pública impugna y no porque –como Ud. resalta– nosotros pretendamos desacreditarla. De allí que la información presente en ese artículo y hasta alguna valoración que el derecho nos habilita, no pueden estar comprendidas en la llamada “doctrina de la real malicia”. Aclarados los extremos que demuestran nuestra buena fe periodística, no queda sino lamentar que una Secretaria de Estado evidencie estos niveles de intolerancia y haga uso abusivo del personal estatal para ejecutar una secuencia intimidante. Ello no me impide enfatizar lo siguiente: los dependientes no pueden adoptar comportamientos policíacos, aun cuando las órdenes emanen del autoritarismo de un superior.
Mucho más me preocupa que en su nota sugiera que concurrirá a la vía judicial. No escapa a mi criterio de ciudadano común que Ud. forma parte de un Poder estatal. Aun así, rechazo su “intimidación” para que yo o el equipo de periodistas de CUARTO se abstenga de proseguir con la actitud “temeraria y maliciosa” que Ud. interpreta contra su persona. No solo porque esa actitud nos es ajena, también porque la Convención Americana de Derechos Humanos protege el ejercicio de la actividad periodística y condena a quienes intentan amordazarla. Norma que –me permito enfatizar– fue concebida para garantizar la independencia de nuestro trabajo y no para que claudiquemos frente al poder omnímodo del que su persona presume rubricando la intimidación en su carácter de Secretaria de Cultura y registrando dirección en Caseros 460, una Casa de la Cultura que nos pertenece a todos los salteños y no a una funcionaria transitoria.
En la inteligencia de que no existe nada más por aclarar, saludo a Ud. atentamente.
Daniel Avalos
