La titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas solicitó al ministro que enderece lo torcido por una disposición que merma horas y contenidos curriculares en una escuela rural. El argumento usado fue que la matrícula había bajado.
El organismo nacional se hizo eco de la denuncia realizada por profesores del Colegio Secundario N° 5185 ubicado en la localidad de Tonono. La misma fue realizada el 19 de agosto pasado y en ella manifestaron su “total desacuerdo” con la disposición 040 del 9 de abril del 2021 rubricada por la directora Nora Mariel Ruíz “en la que establece la transformación en Multiaño de 1o a 5o y la modificación de la Caja Curricular”.
CUARTO había dado cuenta de ello y replicó la opinión de pedagogos que afirmaron: “nunca habíamos visto hasta esta disposición que se hagan pliriaños en secundaria, sí es habitual en el nivel primario. La disposición 040 une materias totalmente distintas con una caja curricular que así queda reducida a solo 38 horas”, resaltaron aquella vez.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas fue ahora más allá. En la nota que su presidenta – Magdalena Odarda – le remitiera a Matías Canepa el martes 28 de septiembre, resaltan que el argumento empleado en la disposición es “la baja matrícula y una población dispersa” contradice “el Decreto 1385/18 (creación colegios rurales) cuyos parámetros se encuentran en discordancia con la medida tomada por la disposición No 040, atentando contra la calidad de la educación y lo establecido por el Decreto 1385/18 que contempla la organización en diversas aulas”.
El organismo nacional tampoco tiene reparos en calificar a la disposición como una medida discriminatoria contra jóvenes originarios – wichi, guaraní, qom, chorote – que tienen derecho a “aprender”; indicando también que lo dispuesto supone un daño económico para los “profesores/as, ya que la reducción de la Caja implica una baja salarial debido el recorte de horas cátedra”. La nota también dedica un párrafo a la directora Nora Mariel Ruíz: “lo expuesto deja en evidencia que la Directora Ruiz tampoco se deja interpelar por la transformación de la vida cotidiana, fenómeno sustantivo de lo social, que la pandemia del COVID 19 ha generado. En consecuencia, también afectó el ámbito educativo, agravándose aún más en las comunidades indígenas”.
Tras destacar varias normativas que confirman lo equivocado de la medida y enfatizar que el INAI es el organismo nacional que debe garantizar el cumplimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas; Magdalena solicito “la solución de este inconveniente que afecta a los Pueblos Originarios de Salta” e informo que notas del mismo tenor fueron cursadas a la subsecretaria de Gestión y Calidad Educativa dependiente del Ministerio de Educación de la Nación.
