Aseguró que ello refuerza el sistema punitivo contra actores menores sin tocar a las grandes empresas contaminantes, como las judicializadas Agrotécnica, Austin, Inversora Juramento que no han recibido sanciones reales.
El gobierno, insistentemente, propone crear fiscalías con competencia en la Protección Ambiental, del Patrimonio Cultural y de Protección Animal, tanto en los fueros Administrativos, como Contravencional, Penal y Civil, y con capacidad para actuar ante la Justicia y extrajudicialmente.
En ese sentido, Arturo Borelli consideró: “Es la reedición de un proyecto remitido por la Procuración General hace unos años, y que también tuvo media sanción y sigue una política del procurador de especializar las fiscalías en relación a la materia”.
Y agregó: “Sin embargo, en el actual contexto en que la iniciativa es reflotada, significa que el gobierno podrá proponer nada menos que seis nuevos fiscales con múltiples facultades para que intervengan sobre las problemáticas ambientales más acuciantes”.
El diputado del bloque Planifiquemos Salta, señaló: “De prosperar la nueva fiscalia generaría una “concentración de poder, en manos de funcionarios públicos que no serán controlados por la ciudadanía. La actual legislación no permite a los particulares constituirse como querellantes, y este proyecto, en lugar de subsanar este conflicto, termina alejando más aún de la población la posibilidad de ser un actor de peso. Todo queda en manos de poderosos fiscales multifueros”.
Sobre el rol del Estado
“La ley 7070 no se cumple en gran parte de sus postulados. El rol de los funcionarios de “prevenir y sancionar” no se efectúa y, en varias causas iniciadas por cuestiones ambientales hemos podido ver a distintos estamentos dejando en evidencia la nulidad de recursos económicos y humanos para cumplir un mínimo rol preventivo”, consideró.
Borelli sostuvo que “dicha función se debería llevar a cabo a través de las distintas herramientas de la gestión y la política ambientales, como el ordenamiento territorial, la evaluación de impacto ambiental, la información ambiental, educación ambiental, regímenes económicos de promoción ambiental. Ni el Estado provincial ni los municipios lo hacen. El estado de incumplimiento es tal, que los funcionarios de ambiente provincial discuten ya no “una interpretación de la ley”, sino “la existencia de la ley”.
En este marco, analizó: “darle seis nuevos fiscales a un gobierno que no pudo o no quiso dar cumplimiento a la 7070, sólo significa reforzar el sistema punitivo contra actores menores sin tocar los verdaderos problemas. En la actualidad, ninguna de las grandes empresas contaminantes judicializadas (Agrotécnica Fueguina, Austin, Inversora Juramento) han recibido sanciones reales ¿Por qué esa línea cambiaría?”.
Para concluir indicó: “La tarea pasa por reforzar los sistemas de prevención y participación social efectiva. Con asignación de recursos al cumplimiento de las distintas herramientas de gestión, como la evaluación de impacto ambiental, el ordenamiento territorial o la educación ambiental. En esta comprensión es que consideramos rechazar el proyecto en cuestión que aparece en el acta de labora parlamentaria”.
