El jefe comunal de Rivadavia Banda Sur se hizo famoso por las denuncias de usurpación de tierras que pesan sobre él. Su esposa no quiere ser menos: está imputada por usurpación, robo y amenazas con armas entre otras cosas.
Hace poco mes Juan Carlos Blumberg – el hombre que en el 2004 convocó a 150000 personas en reclamo por los secuestros extorsivos que se había cobrado la vida de su hijo Axel – denunció por un canal nacional al intendente Cuenca por la usurpación de miles de hectáreas en el departamento de Rivadavia.
Los antecedentes de Cuenca dieron verosimilitud a la acusación porque una de las denuncias más graves y conocidas en su contra es del año 2012. Esa vez puesteros de ese municipio explicaron que luego de que un particular asegurara ser dueño de las tierras en las que vivían, recurrieron al intendente para pedir ayuda y éste ofreció una particular solución: él cargaría con los costos de las acciones judiciales que frenarían la pretensión del supuesto propietario a cambio de que los desesperados campesinos les cedieran el 70% de los terrenos que ocupaban.
No son delitos de ese tipo los únicos que afectan al intendente de uno de los municipios más pobres del país: informes de auditoría evidencian que el jefe comunal contrataba servicios de un Estudio Contable que no existían; que la tesorería municipal ejecutaba compras de hasta $1.700.445 sin expedientes que permitieran algún control; que el dinero destinado a asistir familias hambrientas se “distribuía” sin pruebas de entrega efectiva; o que nombraba a familiares directos en cargos claves del municipio.
Lo último ya puede servir para introducir a la esposa del intendente en la trama de denuncias que pesan sobre el ex carnicero devenido en uno de los hombres más ricos de aquel desgraciado municipio: se llama Paola Torres y empezó a tener notoriedad en febrero del año 2012 cuando su marido – siendo intendente – fue objeto de un procedimiento policial porque transportaba 40 rollos de palo santo extraídos ilegalmente de tierras fiscales en un camión que era propiedad de su esposa. Increíblemente, tras el operativo, la carga le fue devuelta al jefe comunal y el camión devuelto a la esposa de este, mientras la “familia” pagó una multa de ¡¡$900!! mientras la tonelada de palo santo en aquellos años estaba valuada en 500 dólares.
Paola Torres ahora volvió a ser noticia por una serie de denuncias cruzadas entre el jefe comunal y la firma Tierras Vascas que protagonizan un conflicto que lleva más de un año e involucra a la mujer y a otras personas que están imputadas por diversos delitos como “usurpación, robo calificado, amenazas con armas, turbación de la posesión y retención indebida”.
Diversos medios recrearon la enmarañada situación que puede resumirse así: las actuaciones judiciales se iniciaron – otras vez por el factor tierras – el 10 de julio del año pasado a partir de una denuncia radicada por el intendente Cuenca por una causa cuyo fondo es la superposición de límites entre las fincas Las Botijas y Las Colmenas II.
Según lo informado por la Fiscalía de Pichanal, tal denuncia se radicó en el Destacamento de Rivadavia Banda Sur y señala que personas de la empresa Tierras Vascas ingresaron ilegalmente a la finca Las Botijas que es propiedad del intendente y está ubicada a 30 kilómetros de la localidad de La Unión
En otra denuncia, Lorenzo Elías Porcel, empleado de Cuenca, sostuvo que trabaja en la finca del intendente y que residía en una vivienda ubicada a unos cuatro kilómetros del portón de acceso. Explicó que el 9 de julio al regresar al predio, el candado del portón había sido cambiado lo cual no impidió que ingresara al predio, aunque al otro día los supuestos usurpadores le exigieron que se retire de la propiedad para finalmente apersonarse tres sujetos que lo intimaron a que se marche, cosa que Porcel finalmente hizo.
Ante esta denuncia, la fiscalía ordenó a la policía local realizar una inspección en la propiedad, oportunidad en la que se identificó a Diego César Mazzucheli, quien dijo ser apoderado legal de la empresa Tierra Vasca, como así también reveló que en la propiedad se hallaban Carlos Alberto Quinteros, José Eduardo Montenegro y Rafael Rodolfo Sales, quienes realizaban tareas de ganadería para la firma.
Ellos fueron imputados por usurpación y robo calificado aunque el caso se complicó más con la presentación de una contradenuncia del acusado quien sostuvo que personas desconocidas irrumpieron en la misma propiedad, cambiaron el candado y sacaron a la ruta dos tractores, una rastra y una heladera de la empresa. Agregaron que al intentar acercarse, los intrusos realizaron disparos y ante el temor a resultar heridos se retiraron del lugar.
A través de una diligencia ordenada por la fiscalía, se identificó a Alberto Martínez como una de las personas que se hallaba en la propiedad. Martínez reveló a su vez que había sido contratado por Paola Torres junto a otras diez personas para cuidar la finca. En una tercera denuncia, en tanto, Mazzucheli, sostuvo que las personas que habían irrumpido en la propiedad eran Paola Torres, Alberto Martínez, Alejandro Yalla, Darío Juárez, Franco Gutiérrez, Nahuel Méndez, Nahuel Morales y otros, quienes cambiaron los candados del portón.
La fiscalía ordenó entonces la actuación de efectivos de la Brigada de Orán, quienes verificaron que parte de los supuestos bienes robados estaban en la propiedad y que los supuestos usurpadores no impedían que sean retirados. Por otra parte, los efectivos no pudieron constatar armas o proyectiles en el lugar.
