El legislador presentó un proyecto para que la legislatura realizara el censo que cientos de familias asentadas reclaman desde hace meses. El oficialismo parlamentario logró modificarlo, pero el debate se coló en la cámara.
El proyecto original solicitaba el involucramiento directo de la Legislatura en el tema a partir de la creación de una comisión que trabaje en el terreno para llegar a relevar a todos los asentados. La Comisión de Obras Públicas logró modificarlo y solicitar que el Ejecutivo realice un registro de las condiciones en las que habitaban las familias antes de asentarse en Parque La Vega y San Calixto, indicando la procedencia de cada una de ellas y constatando la situación socio-sanitaria actual.
La presidenta de la Comisión de Obras Públicas – María López – consideró «innecesaria la formación de una comisión» porque, según ella, el gobierno ya tiene un equipo «interdisciplinario» para trabajar en este asunto. Santiago Godoy se quejó del dictamen final al que consideró “un resumen” del proyecto suyo y refutó los argumentos de López al enfatizar que el gobierno ha tratado de “ignorar” la problemática. Las familias de los asentamientos permanecen allí desde mayo. «No han tenido la respuesta», afirmó Godoy. «No se ha hecho todavía ningún censo ni se ha visto que se puede hacer (…)», aseveró. El legislador planteó que hay un fiscal interviniendo, Horacio Córdoba, quien lleva adelante una mediación, sin embargo explicó que la única negociación que está en sus manos «solo es a los fines de imputar o no un hecho delictivo”.
«Lo primero que se tiene que constituir es una comisión que surja de donde el Ejecutivo crea que corresponde, Instituto Provincial de la Vivienda o Tierra y Bienes, de forma inmediata y ponerse a conversar con las familias», propuso el legislador. Enfatizó en que esto debe hacerse «sin intermediarios», sin dirigentes que aparecen en representación de familias porque “son los que terminan ocasionando los grandes problemas y no solucionando”, opinó.
«Lo que no puede pasar es que intervenga la Policía de la provincia o el Ministerio de Seguridad para desalojar de forma violenta», manifestó Godoy quien instó a «no criminalizar» a las personas que necesitan un lugar donde vivir. «No ignoremos una realidad que nos pega en la cara a todo el mundo».
Además, proponía buscar soluciones habitacionales en Salta Capital y en el interior de la provincia en un plazo de 60 días «siempre y cuando sea posible, todo en un marco de diálogo para encontrar una solución». También pedía respuestas a los problemas de niños, niñas y mujeres que están a la intemperie sin ropa y sin comida. Instaba a «tratar de buscar alternativas por todos los medios posibles» para un desalojo pacífico una vez que se obtengan las soluciones adecuadas y elementales.
El censo es pedido por las familias de los asentamientos, sin embargo, desde el gobierno provincial aún no lo hicieron. Mientras tanto, atendiendo a esta necesidad, un grupo de estudiantes de distintas carreras de la Universidad Nacional de Salta han comenzado a censar a las personas de la toma desde la semana pasada.
