El Gobierno abre el paso a las empresas privadas del sector de las telecomunicaciones en perjuicio de la estatal.
El Gobierno Nacional habilitó a empresas de telefonía móvil operar en bandas que hasta ahora pertenecían a la estatal Arsat. La decisión favorece a las compañías que prestan servicios en las telecomunicaciones y perjudica el patrimonio colectivo al relegar las frecuencias cambiando la Leyde Desarrollo de la Industria Satelital.
La decisión de Mauricio Macri a favor de las telefónicas se dio a través de un decreto de necesidad y urgencia que otorgó al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) la facultad de otorgar licencias a entidades privadas. Esta medida unilateral saltea al Congreso que es cuerpo que debe aprobar la entrega de espacio satelital de Arsat.
“El decreto confirma el desprecio de Macri por el patrimonio público, la renuncia a la soberanía satelital y su vocación permanente por garantizar la rentabilidad empresaria por sobre los derechos de la ciudadanía”, señaló el diputado nacional Rodrigo Rodríguez (FpV-PJ) que integra la Comisión de Comunicaciones e Informática.
Por el contrario, desde la Cámara de Telefonía IP (Catip) celebran la decisión presidencial como una “muestra clara de un paso adelante para el desarrollo de redes de alta velocidad para todos los argentinos”, según explicara el titular de la entidad, Franco Cecchini.
Lo cierto es que Macri puso sobre la mesa su firma para traspasar decisiones del Poder Legislativo a una entidad que responde a sí mismo, la cual fue creada luego de otro DNU que disolvió los entes que evitaban la concentración monopólica en materia audiovisual. Todo al servicio de las privadas que quieren expandir su mercado.
