La directora del Observatorio de Violencias Contra las Mujeres, en entrevista con CUARTO OSCURO (FM La Cuerda 104.5) se refirió a las cifras sobre el acceso al aborto en Salta. Alta demanda y poco conocimiento de la ley se entrecruzan con un creciente pero aún baja adhesión de profesionales de la salud a garantizar la práctica en los centros de salud de la provincia.
Consultada sobre el informe de Amnistía Internacional titulado “Implementación de la Ley IVE en Salta. Avances y desafíos”, señaló que si bien muestra cierta mejoría en las cifras respecto al informe que realizaron desde el Observatorio, como por ejemplo en el número de profesionales de la salud que sí garantizan la práctica -pasaron de 8 a 40 en toda la provincia-, también demuestra que aún hace falta más personal, sobre todo si se tiene en cuenta la alta demanda de atención.
Luego señaló que ni bien fue aprobada la ley 27.610, desde el OVcM se reunieron con el ministro de Salud para manifestarle la necesidad de un protocolo propio en Salta. «Más allá de ser una herramienta para conocer la ley y los últimos avances científicos volcados en las manos de las y los profesionales, era un gesto del Estado provincial para que esta ley se garantice en la provincia, lo que nos parece sigue siendo una deuda», comentó Pérez Declercq.
Así también, detalló: «Otra de las cosas que remarca el informe es la falta de conocimiento de la población en Salta de que pueden acceder a esta práctica; por ejemplo, de una localidad del sur de la provincia nos comentaban que pensaban que ley se había aprobado solo en Buenos Aires y no acá». Incluso señaló que si bien la ley también contempla que se hable de la interrupción voluntaria del embarazo en las escuelas, «eso no está pasando».
Este último dato se vincula al acceso a la Educación Sexual Integral (ESI) en las instituciones educativas salteñas y en el alto número de menores de edad que parieron el año pasado: 150 niñas de entre 10 y 14 años. De todos esos casos, solo en 9 se les ofreció la opción de interrumpir el embarazo.
Respecto al elevado número de profesionales de la salud que son «objetores de conciencia» en la provincia -es decir, que optan por no garantizar el acceso a la ley-, la directora del OVcM comentó: «lo que hay detrás es una violencia contra la libertad reproductiva, un machismo que lo que busca es someter a ciertos cuerpos a un orden patriarcal. Entonces es importante sobre esa gran población de objetores de conciencia poder brindar capacitaciones, porque muchas veces los y las arrastra una cuestión ideológica, pero si se les acerca un conocimiento científico y desde el Estado se marca un posicionamiento, eso se puede modificar».
