Ampliación del Teleférico Salta: Apuntes sobre la sesión del Concejo Deliberante del 27 de julio de 2022

A casi un mes de esta sesión en relación con el proyecto -lo cual lleva más de 3 años que incluyen denuncias varias – es de interés realizar una crítica a las expresiones que se han deslizado resultando en la aprobación del mismo. (Sandra Carral Garcín)

En primer lugar, es necesario remarcar la distancia enorme con las fundamentaciones de los concejales que aprobaron este proyecto, porque con el mencionado intenso conocimiento de la totalidad de los aspectos que participan en este asunto, a primera vista, salta un aspecto que ninguno de ellos siquiera avizora: no se trataba de darle o no confianza a un proponente con reiterados antecedentes de incumplimientos crónicos y agudos -lo cual es más grave por no tratarse de un ciudadano cualquiera sino de una sociedad de Estado como lo es Complejo Teleférico Salta- sino de darle un respaldo legal o para decirlo más precisamente, una cobertura legal o no. Esto en el sentido de significar que la larga cadena de irregularidades que hay en su historial desde la concepción de este proyecto especial, que salpica tanto las administraciones provincial y municipal de aquel entonces incluyendo las actuales (no olvidemos que el actual gobernador de Salta provincia fue el intendente cuando el embrollo comenzó bajo la gestión de un secretario de ambiente municipal que también fue denunciado por irregularidades en 2019), es una muestra más de cómo ciertas connivencias que trascienden las gestiones, continúan en las personas y en los cargos y enroques que a esta altura resultan normales: todos consienten, pero pocos son asqueados por la promiscuidad que se da en estos niveles decisionales, y es allí donde el ciudadano común esperaría que sus representantes en el Concejo Deliberante tuvieran los ojos sagaces necesarios para ver más allá justamente del ciudadano común, pues para eso están: el asunto de la ampliación del teleférico hacia el cerro Ala Delta trasciende el aspecto ambiental -que aquí es siempre relegado porque es necesaria la facturación turística, minera o la que fuera y convenga, que eso ya es de público conocimiento-, aquí se esperaba una consideración particular del historial conocido de este proyecto donde las intervenciones iniciales (en 2019) se hicieron sin autorización, incluso su continuación sin aprobación de ordenanza especial por el Concejo Deliberante que recién se obtiene el 27 de julio de 2022.

Una nota posterior a la Audiencia Pública solicitada en 2019 y finalmente realizada en mayo 2022 (después de mucha insistencia), con observaciones en cuanto al recorrido administrativo de este proyecto diferente al de otro proyecto especial (Ampliación del Santuario de la Virgen del Cerro), que se solicita se agregue al expediente de la audiencia pública, ha sido también presentada en la fiscalía penal donde obra el expediente judicial que se había abierto luego de la denuncia de la ciudadana Mónica Pellegrino en 2019. La cuestión está en definir porqué en un proyecto especial se establece que el recorrido administrativo sea de una manera distinta a la operada con anterioridad en otro proyecto especial, siendo ambos en AE-PN (Área Especial – Parque Natural), regidos por el Código de Planeamiento Urbano Ambiental -CPUA-, donde la única diferencia ocurre en que había una medida cautelar judicial que fijaba como condición para el cese de la medida cautelar de no innovar la obtención del CAAM -Certificado de Aptitud Ambiental Municipal- de acuerdo con lo estipulado por la Ordenanza Municipal N° 12.745, para el proyecto de ampliación del teleférico.

Con el perfecto conocimiento de que había obras realizadas sin las correspondientes autorizaciones (o sea, sin la aprobación de esas obras por ordenanza especial del Concejo Deliberante), el Concejo Deliberante le ha dado a este proyecto el visto bueno que necesitaba: cualquier ciudadano, por ejemplo, un vendedor ambulante, será echado de la vía pública y su mercadería requisada por la policía municipal a cargo si no tiene la autorización para esa actividad, pero al Complejo Teleférico Salta, se le aprobará su proyecto especial incluso con incumplimientos ambientales en sus actividades corrientes (con CAAM vencido en 2020 y contaminación a la vista) en lo que ya opera en el Cerro San Bernardo. Según el dictamen N°160/2021 que figura en el expediente “hoy estamos frente a un proyecto de extensión de una infraestructura existente, aceptada por la comunidad salteña sin objeciones. Sus responsables renuevan cada 2 años el CAAM ya otorgado hace años para las actuales actividades”. Además en este dictamen se cita el artículo N° 34 de la Ordenanza Municipal N° 12.745 que establece que “las actividades o proyectos o las ampliaciones de los mismos que se inicien sin contar con el Certificado de Aptitud Ambiental Municipal o sin la vista y dictamen previsto en la presente ordenanza, serán suspendidas o clausuradas de inmediato, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder a sus titulares. En todos los casos, la Autoridad de Aplicación podrá disponer la demolición de las obras o el cese de las actividades en infracción, con cargo al infractor”, que bien podría haberse aplicado a tal proyecto para las actividades ya realizadas en vías de la ampliación, sin contar con la aprobación por Ordenanza Municipal especial, que recién se obtuvo el 27 de julio de 2022 y sin embargo, aún siendo estas obras ejecutadas, en el propio Concejo Deliberante, se hizo caso omiso a la infracción.

Habiendo escuchado las ponencias de diversos concejales a favor de la aprobación de este proyecto especial, queda remarcar además el evidente contraste entre lo que figura en el expediente con la realidad histórica (que no se puede cambiar, eliminar ni embellecer), donde incluso hay avances en las obras negadas por el mismo representante legal de Complejo Teleférico Salta (que las calificó de “trabajos” en la causa judicial), aún con una medida cautelar que se mantuvo mientras el proyecto no poseía el CAAM. Este documento lo otorga luego un funcionario en junio 2021 a quien la intendencia le solicita la renuncia por estar procesado en una causa federal por tráfico de palo santo y otras especies nativas. Este funcionario intervino tanto en la actual como en la anterior intendencia, y fue la persona a quien se consultó reiteradamente sobre éste y otros expedientes y sus respectivas audiencias públicas (según CPUA) durante varios años.

Es por esta razón que la sospecha de proteccionismo y direccionamiento hacia la consecución de este proyecto es razonable: por un lado el proyecto fue reducido a lo que está actualmente aprobado (si sólo se realiza la primera etapa de ampliación) por la intervención de una ciudadana que denunció los hechos en la justicia, incluyendo al entonces secretario de ambiente y uno de los directores de Complejo Teleférico Salta. Es cierto también que gracias a la intervención del Organismo Técnico de Aplicación del CPUA, se optimizó el proyecto a una versión menos invasiva, pero por alguna razón no se le dio participación al Programa de Planeamiento Urbano en otro proyecto especial (Ampliación del Santuario de la Virgen), en el cual el recorrido administrativo es diferente.

Habiendo transitado detalladamente este recorrido, y experimentado incluso la contaminación en el Cerro San Bernardo con pérdidas de la planta de tratamiento de efluentes cloacales, queda la impresión de lo siguiente: la respuesta parcial a un pedido de información en curso fue una hoja con un análisis químico de lo que debiera ser el efluente completamente tratado, pero gracias a una visita al lugar, se pudo constatar que los compromisos ambientales tomados por este proponente público no corresponden con tal descripción, desconociendo si una inspección municipal ha sido realizada (con el análisis real correspondiente a esos vertidos) para la auditoría correspondiente a lo denunciado en la audiencia pública, con nota con solicitación de agregado a ese expediente.

Es decir, al momento de esa audiencia pública (mayo 2022), esta información fue vertida públicamente y por escrito, constatación de que los compromisos ambientales tomados por el proponente en 2018 en cuanto a este importante aspecto de su actividad en una zona preservada no fueron cumplidos, y suponemos que esto fue causa de que no se haya renovado su CAAM en 2020, y así, estas deficiencias transcurrieron durante años sin ningún control del propio proponente y sin ningún control municipal. En efecto, la respuesta parcial constatada en el expediente de pedido de informes fue realizada de forma administrativa, sin contrastar la situación en la realidad de la actividad llevada a cabo en el Cerro San Bernardo. Esta descripción que parece de ciencia ficción, o de realidades paralelas, revelan lo siguiente: se han sucedido aprobaciones en el expediente del proyecto especial que nos ocupa desde 2019 (aprobación del EIAS en abril 2019) sin esta constatación simple como es el ir como cualquier vecino a observar in situ las actividades del proponente en cuestión para ver si cumplía con lo prometido ya en 2018 para obtener la renovación del CAAM en ese momento. Por otra parte, además, se realizó una licitación para el restaurante El Baqueano, situado en el Cerro San Bernardo, sin Estudio de Impacto Ambiental y Social y sin Estudio de Seguridad actualizado (el estudio de seguridad del teléferico data del año 2018), a pesar de encontrarse en una AE-PN. Cabe acotar que este restaurante fue inaugurado en abril 2022, con la presencia de la intendenta de Salta Capital, la secretaria de promoción turística de la Nación y autoridades provinciales de los ministerios y secretarías provinciales de educación, turismo y cultura, entre otros. Incluso el lugar ha sido elogiado por la revista Time, que incluyó a Salta Capital entre los 50 mejores destinos turísticos del mundo.

Este conjunto que es bastante decepcionante en cuanto a cumplimientos, no es que genere desconfianza, lo que se genera con esta aprobación y validación del actual Concejo Deliberante, es la repulsión a la continuidad de la inseguridad jurídica en la ciudad, que trasciende los estadios provincial y municipal, las distintas gestiones, y ya es un modus vivendi al cual muchos parecen acomodarse por el turismo, la facturación, el “desarrollo”, etc. y los que no se acomodan, son los ciudadanos que lo único que pretenden es que las normas se cumplan, que las exigencias sean iguales para todos, y que los organismos correspondientes se encarguen de hacerlas cumplir, penando todo ilícito que se haya producido, en lugar de validar reiterados incumplimientos.

Por otra parte, resulta intolerable que ciudadanos sean tratados como si no estuviesen al tanto de los detalles de la situación: en efecto, habiendo realizado el trabajo de denuncia y de control que podría haber sido realizado por este cuerpo deliberante, se ha solicitado la reunión con sus miembros no para rogar ser escuchados y que luego se asuma que se le ha dado al pueblo la oportunidad de ser escuchado graciosamente, muy por el contrario, se le ha dado a este cuerpo la posibilidad de escuchar la información que por sí solos no han podido producir, así como la audiencia pública solicitada en reiteradas oportunidades permitió poder interiorizar a los presentes de estas constataciones. Razón, suponemos, del reiterado interés evasivo que figura incluso escrito en el expediente en cuestión con argumentos diversos emitidos por varios funcionarios, en total desconocimiento de lo establecido en el CPUA.

Para información:

Sesión Ordinaria Concejo Deliberante de Salta del 27/07/2022 (ver desde 1:11:19 a 2:25:44)

La intendenta, Bettina Romero, acompañó la inauguración de un nuevo restaurante de cocina autóctona contemporánea

https://municipalidadsalta.gob.ar/noticias/el-baqueano-llega-a-la-ciudad/