En CUARTO OSCURO, la vecina relató el calvario que vive desde 2014, cuando se ve obligada a compartir tierras con un hombre que la golpea. Acusó a la Policía, a la Justicia y a funcionarios provinciales de no hacer nada.
Raquel es una vecina del barrio Libertad, en la zona sureste de la ciudad de Salta. Desde 2014 vive un calvario. El terreno de 10 por 20 que compró en 2011 fue usurpado y desde entonces se ve obligada a convivir con vecinos indeseables que edificaron al lado de su casa y, para colmo, la amenazan, la golpean y se burlan de su situación gracias a los contactos que mantienen en la Policía y la Justicia.
En comunicación con CUARTO OSCURO, nuestro programa de radio de FM La Cuerda, Raquel relató los hechos, que comenzaron en 2011 con el propio usurpador como protagonista.
«Este hombre me vendió una piecita precaria a 2 mil pesos en ese tiempo. Yo tenia algo y se lo di delante de un familiar mío. Quedamos en que me iba a pasar un cartoncito que daba Familia Propietaria, un cartoncito que daba permiso para habitar el terreno. Nunca me lo dio. Las veces que lo crucé se me reía. Vivo acá desde 2011. En 2014 se metió», relató.
«El 28 de julio de 2014 a la mañana ingresó cuando yo había salido. Se instaló al lado de la pieza. Llamé a la Policía, llegó, intentó sacarlo del brazo, había un auto afuera con unos amigotes, uno le gritó al policía ‘soltalo porque no sabés el sumario que te voy a hacer’. Entonces lo soltó. Y nunca lo sacaron. Tiene familiares en la Fuerza», siguió.
«Hice denuncias por usurpación. Iniciaron un expediente. Dejé un petitorio al gobernador, que aún no tiene respuesta. Tengo una impotencia», agregó Raquel.
La mujer repasó los distintos episodios en los que se vio amenazada, incluso golpeada con graves consecuencias. Habló de golpes a su hija cuando era menor de edad, de violencia verbal, amenazas de muerte y seguimientos. «Borracheras, traían gente para asustarme, hacían seguir a mi hija para hacerle daño. En 2016, a raíz de un empujón, perdí un embarazo», agregó.
«La Justicia no actúa. Toda esta zona para la Fiscalía es una zona de violencia entonces nos meten a todos en la misma bolsa. En lo penal hubo tres órdenes de desalojo, pero cuando llegó a juicio, el fiscal nunca me defendió. Dio vuelta la resolución. Dieron el beneficio de la duda y archivaron la causa», manifestó.
«De ahí pasó a lo civil, donde me hicieron un juicio. En el juzgado no les dieron la razón porque no tenían nada. Apelaron y también se la negaron. Entonces esa resolución es la que en Tierra y Hábitat no me hacen valer. El señor (secretario de Tierra y Hábitat de la provincia, Esteban) Carral se me ríe en la cara. Dice que en el último censo se marca que hay doble usurpación. Que me pueden dar un codominio. El terreno es mío, ¿por qué tengo que dividirlo?», se preguntó.
Raquel también apuntó a los funcionarios. En especial a la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Mariana Reyes. «Conoce mi situación desde 2017», dijo y se mostró decepcionada por la falta de acción. «David Leiva también conoce. Vinieron a mi casa en campaña. Piensan que porque mandan un bolsón ya solucionan el tema», agregó.
Raquel, que en la actualidad vive con su nieta, pidió «que el Gobernador haga valer una resolución que hay en lo civil». «Yo no entré a la fuerza, yo entré siendo estafada», expresó.
