Ala Delta | La inseguridad jurídica de moda en Salta, también en los asuntos ambientales

La protección supuesta de la normativa parece ser sólo una pantalla cuando se trata de asuntos que la política de turno quiere hacer sí o sí, suponemos para sumar “obras” que supuestamente impactarán en el bienestar general. (Sandra Carral Garcin)

El gobernador de la provincia de Salta que va a ofrecer la seguridad jurídica a empresas extranjeras en las ferias mineras internacionales no puede desconocer que ni la capital (por haber sido intendente) ni la provincia son paraísos remanentes de un bien tan preciado para la democracia: sin ese elemento fundamental estamos sólo en presencia de una mascarada en la cual la legalidad sólo es artificial y sirve a los fines de unos cuantos poderosos.

Curiosamente, en estos días, asistimos con el tema de la ampliación del Complejo Teleférico Salta al espectáculo de contradicciones entre lo que es y lo que debería ser. Llama la atención en la ciudad la velocidad con la cual se hacen los “análisis” de expedientes largos y voluminosos que llevan varios cuerpos y miles de páginas: asombra la capacidad intelectual de quienes deben decidir en diferentes comisiones para dar los dictámenes que siempre serán positivos (sin embargo), sin tener en cuenta para nada detalles de problemas suscitados por reiterados incumplimientos en obras (desmontes, movimientos de suelos, etc.) que no son reconocidos como tales por los infractores en expedientes judiciales paralelos, y sin embargo, la ciudadanía interesada se desayuna con que el 50% de las obras ya está cumplimentado, en un proyecto especial que aún no goza de su aprobación por ordenanza especial municipal, la cual debe ser otorgada por el Concejo Deliberante de la ciudad.

De todas formas, esto no es tomado como una infracción o delito ambiental, muy por el contrario, se toma como un punto auspicioso a remarcar, mientras uno se pregunta quién autorizó tales trabajos, de qué forma, si se realizaron mientras existía una prohibición de innovar que regía a partir de una medida cautelar dictada por la justicia, y teniendo en cuenta además que mientras el expediente se cursaba en diferentes instancias del poder ejecutivo municipal, paralelamente las obras seguían su curso, sin esperar a las aprobaciones necesarias según dicta el Código de Planeamiento Urbano Ambiental -CPUA- de Salta Capital, que define expresamente en su artículo 151 que “los emprendimientos públicos o privados que afecten total o parcialmente las Áreas Especiales de Interés Ambiental deberán ser canalizados a través de Proyectos Especiales, autorizados a través de Ordenanza Municipal, previa realización de Estudio de Impacto Ambiental que incluirá el capítulo referido a Estudio de Viabilidad Urbanística y análisis de su compatibilidad con los lineamientos establecidos para el Área Especial del emplazamiento”.

En tal compleja situación, queda determinar quiénes son los responsables de estos desmanejos que no coinciden con lo articulado en el CPUA, y de los cuales sólo se interroga la ciudadanía. Por otra parte, si se convalida con las sucesivas aprobaciones del proyecto especial en las comisiones del Concejo Deliberante (ya hay 2 dictámenes favorables al respecto, el de la Comisión de Obras Públicas y el de la Comisión de Ambiente, Higiene y Seguridad, faltando sólo la Comisión de Legislación General y el dictamen final), los salteños nos encontraremos una vez más en otra situación de inseguridad jurídica, es decir, que la falta de visión sesuda sobre los expedientes de importantes obras puede generar aprobaciones de lo irregular que raya ya lo delictivo.

Por supuesto que para tales observaciones es necesario cotejar diversos expedientes. En efecto, los proponentes de proyectos lo hacen, ¿porqué no hacen lo mismo los decisores de cualquier instancia sea ésta ejecutiva o legislativa? Cualquiera con un poco de experiencia en estas lides administrativas sabe que lo dictaminado puede ser argumentado en otros casos poniendo como ejemplo lo irregular que ha sido mal aprobado. Por esa misma razón, sin negar que cada proyecto tiene lo suyo y su propio análisis, también tratándose de proyectos especiales en AE – PN (Área Especial – Parque Natural) es de esperar que exista la misma línea procedimental, para evitar generar sospechas y vicios. Sospechas porque, que un expediente (caso Ampliación del Teleférico Salta) que ha sido intervenido por la justicia que ha dictado una medida cautelar, sea tratado de manera diferente a otro (caso Ampliación del Santuario de la Virgen del Cerro) adjudicándosele un Certificado de Aptitud Ambiental Municipal -CAAM- antes de pasar por la aprobación por ordenanza especial del Concejo Deliberante, cuya emisión define justamente el levantamiento de esa medida cautelar por la misma justicia, da qué pensar. Otro documento que interroga es el famoso Certificado de Uso Conforme, solicitado antes en el proyecto Teleférico (sin tener en cuenta que las obras deben iniciarse en los 6 meses de ser solicitado, por lo cual era una incitación a la realización de obras que todavía no contaban con la aprobación del Concejo Deliberante), y no considerado en el proyecto Santuario que ha llegado al Concejo Deliberante sin ese documento puesto que es después de esa aprobación que se obtiene el Certificado de Uso de Suelo o Uso Conforme, con lo cual se inicia el trámite de visado de planos, para que con éstos y con el Certificado de Uso conforme recién se obtenga el CAAM. Sería tragicómico, también, asistir, en el caso de que así sucediera, a las aprobaciones de estos 2 proyectos especiales tratados de tan diferente manera según las circunstancias de cada proponente…

Vicios porque es realmente vicioso que el cuerpo legislativo municipal que entre sus funciones tiene la de ser contralor del poder ejecutivo municipal, se vea en la urgencia de cumplir con no sabemos qué cronograma definido por quién (pues sí sabemos más o menos, claro es lo que ya se visibilizaba anteriormente cuando este aparatoso proyecto se anunció y un concurso se definió, sin ninguna aprobación previa, o sea puros anuncios y nada de visión jurídica de cumplimientos). La pregunta es, ¿se trata acaso de un proyecto cuyo cumplimiento se acelera contra todo interrogante de tipo normativo, contra todo pedido de contralor, realizados por ciudadanos, porque el proyecto y su realización tienen un objetivo electoralista?

Pues la sensatez, seriedad y voluntad que amerita este caso sólo está puesta del lado de quienes han realizado las denuncias en la justicia, quienes cuentan (aún) con la voluntad de seguir bregando por la seguridad jurídica, que en cuestiones ambientales, como en tantas otras, sigue siendo una deuda que se incrementa cada día más, contraponiéndose, así, al cumplimiento de los principios defendidos por el Acuerdo de Escazú al cual ha adherido también nuestro país.

Para más información:

Aseguran que únicamente faltan algunos detalles para la Ampliación del Teleférico

https://www.fm899.com.ar/noticias/salta-1/aseguran-que-unicamente-faltan-algunos-detalles-para-la-ampliacion-del-teleferico-96224

Ampliación Teleférico: Aseguran que la intervención judicial evitó más daño ambiental

https://www.fm899.com.ar/noticias/salta-1/ampliacion-teleferico-aseguran-que-la-intervencion-judicial-evito-mas-danio-ambiental-96355