Las provincias aceptaron el ajuste de 100.000 millones que exige la Casa Rosada; pero ahora quieren saber cuánto les afectará el recorte de 200.000 millones que el gobierno central se comprometió a reducir.
La semana pasada fue noticia la posición de las provincias que concretaron 75.000 millones de los 100.000 que deben achicar en el presupuesto 2019. Quedaron pendientes las compensaciones que el gobierno nacional proponga por esa poda, una discusión por el 25% restante, la demanda peronista para poner el foco en los ingresos y la exigencia de conocer qué recortes hará la Nación.
“Además de los $100.000 millones que tendrán que resignar los distritos, $200.000 millones correrán por cuenta de la administración de Mauricio Macri para alcanzar en total unos $300.000 millones (algunos relativizan que se llegue a esa cifra) y así reducir el déficit al 1,3% del PBI para cumplir con el compromiso con el FMI. Más allá de un retruco, hay inquietud entre los gobernadores porque esos ítems de algún modo también impactarán en las provincias y sus habitantes”, precisa el diario Clarín en su edición de hoy.
«Lo estamos trabajando”, responden desde la Casa Rosada. Según los funcionarios de las provincias consultados por ese medio; esos 200.000 millones que recortará la nación empezarán con $100.000 millones que recortarán de la obra pública y que los otros 100.000 millones sobresaldrán tres ítems: jubilaciones ($15.000 millones), Asignación Universal por Hijo ($9.000 millones) y Emergencia Social ($6.000 millones). Para el primer punto en la Casa Rosada confían en el «ahorro» a partir de la fórmula sancionada en 2017 y eventuales modificaciones con haberes de privilegio; un recorte en la AUH fue desestimado aunque no se descarta congelar las partidas si las cosas se complican.
Otros tres renglones remiten a los subsidios en energía ($8.000 millones), transporte ($3.000 millones) y al gas en la Patagonia ($7.000 millones). El ajuste se completaría con $12.000 millones en bienes y servicios (consumos operativos del Estado, gastos en alquileres, combustible), $10.000 millones en PAMI, otros $10.000 millones en empresas públicas, $8.000 millones en salarios y $6.000 millones en AFIP, con el congelamiento de bonos de estímulo a los empleados.
Más allá de esas estimaciones, los gobernadores quedaron a la espera de una confirmación oficial. «Queremos que nos digan con claridad por dónde va a pasar el ajuste, porque es algo que también nos toca a nosotros», insistieron los mandatarios provinciales.
