En medio de los reclamos que provoca el desfinanciamiento del organismo, varios aventuran que la medida posibilita un centralismo presupuestario que reforzará la dependencia de los municipios al Grand Bourg. (Daniel Avalos)

La rutina de transición gubernamental en la provincia y en los municipios ha concluido. Lo que amenaza el vínculo de cooperación entre los intendentes y el Grand Bourg es el fin de los recursos que financiaban las Cooperadoras Asistenciales, esos que mensualmente y de manera automática la provincia transfería a las intendencias para garantizar la asistencia social a los sectores más empobrecidos de sus distritos. Ello motivo el encuentro de ayer entre unos 40 jefes comunales y el principal coordinador político del gobierno de Gustavo Sáenz: Pablo Outes.

Fue en la sede que el Foro de Intendentes de Salta posee en la ciudad. Muchos hicieron uso de la palabra, aunque algunos destacaron a quien escribe el énfasis que pusieron dos mujeres: Yolanda Vega (Cerrillos) quien instó a no convertir las intendencias en agentes que sólo pagan sueldos y Bettina Romero de la Capital provincial. Que esta última haya concentrado las miradas obedece a razones obvias: la importancia del distrito capitalino y el hecho de que hace días que explicitando su enojo ante la medida. Al final de la jornada la dirigencia se preguntaba si el rol jugado por ella es episódico o estructural. Hacían referencia al hecho de haber querido sintetizar las preocupaciones colectivas verbalizando incluso aquello que no desean y aquello que se pretende. Ayer por lo menos, sorprendió por la forma y el fondo de su exposición. Lo primero se vinculó con el estilo profesoral – académico no desprovistos de pasajes que algunos interpretan como mal humorados. Varios de los presentes, incluso, se sorprendieron por el familiar tuteo con que se dirigió a Outes a quien no se privó de llamarlo por su apodo: “Loro”.

La cuestión de fondo – en cambio – se relacionó con la prescindencia de elucubraciones complejas para ir a los aspectos centrales del problema: Outes no puede desconocer los muchos inconvenientes que supone el desfinanciamiento tras haber presidido cuatro años la Cooperadora capitalina; las 65.000 tarjetas Alimentar que distribuirá nación en provincia es para celebrar, pero no resuelve el tema puntual y no puede presentarse como la respuesta salteña al desfinanciamiento en tanto es el resultado de situaciones aleatorias de condiciones políticas, económicas y sociales generadas por nación y no por la provincia; una provincia que según lo manifestó Romero sí parece decidida a convertir a los municipios en variable de ajuste; aspecto éste que incluye la prescindencia a adoptar una alternativa de financiamiento que posee media sanción de la Cámara de Diputados.

Lo último exige una digresión. Servirá para recordar que la historia de los recursos que financiaron las Cooperadoras se remontan al año 1975 cuando un decreto – ley estableció un impuesto (2% del salario bruto) a pagar por los empleadores privados por cada trabajador en relación de dependencia, ley modificada en julio del 2008 al disponerse que quienes contrataran nuevo personal estarían exentos del pago correspondiente a los trabajadores incorporados. No obstante, la fuente de financiamiento siguió siendo la misma hasta que el Pacto Fiscal 2017 – impulsado por Macri y firmado por Urtubey – dispuso la derogación del tributo a partir del 30 de noviembre, originando el desaguisado que hoy urge a los municipios y que los diputados salteños buscaron paliar en septiembre al aprobar la creación del “Fondo Solidario de Asistencia Social”. El mismo debía financiarse con el 5% de lo que se paga en concepto de premios de juegos de azar y la totalidad de los premios no cobrados, disponiendo además que no fuera inferior al 4% de lo recaudado por provincia mensualmente en concepto de Ingresos Brutos.

Echo el rodeo, volvamos al encuentro de ayer para enfatizar lo siguiente: hasta quienes recelan de algunos modos que se le atribuyen a la intendenta capitalina aprobaban sus generalizaciones y los casos con que ejemplificaba las mismas. Tiene sentido. Después de todo, los representantes municipales comparten la incertidumbre sobre qué ocurrirá con la asistencia social que históricamente sus habitantes asocian a las intendencias. Asistencia que artículos periodísticos y algunos intendentes cuantifican: 22 millones de pesos mensuales en Capital, $1.500.000 en Orán; una cifra similar en Tartagal; $ 800.000 en Metán. Montos que nunca se redujeron a la asistencia alimentaria, sino también a la compra de remedios que los hospitales no suministran, tratamientos odontológicos, apoyos económicos a estudiantes que se forman en la capital provincial, viajes de familiares de escasos recursos a centros urbanos por cuestiones imprevistas pero urgentes, asistencia a hogares que sufrieron fenómenos climáticos o accidentes domésticos que desarticulan la cotidianeidad de una familia de escasos recursos.

Si los impactos financieros y sociales que pueden medirse en términos matemáticos ya constituyen un enorme problema para los municipios, los jefes comunales tratan de mensurar el estrago político – institucional que la medida anuncia al amenazar en los hechos las llamadas autonomías municipales. Traducido: el desfinanciamiento como paso necesario para el montaje de un Estado provincial que concentrando las llaves de distintas “cajas”, genera las condiciones para achicar las transferencias fijas y automáticas para echar mano a la facultad del ejecutivo de distribuir aportes discrecionales que siempre son prenda de negociación y subordinación de los poderes territoriales al Poder central.

El estado de cosas genera entre muchos jefes comunales un razonamiento que no se explicita en público, pero se susurra en privado: la reivindicación de eso que Urtubey denominó durante una década la “descentralización”: incremento de recursos automáticos para municipios y mayor autonomía en el uso de los mismos. Políticas bien representadas por algunas medidas que algunos empiezan a añorar: coparticipación a las intendencias de un porcentaje mayor al exigido por nación al transferir lo recaudado por las retenciones a la soja que Macri suspendió, pero que Alberto Fernández restablece; descentralización efectiva de la ayuda social o la devolución durante años del histórico 15% de coparticipación municipal que Roberto Ulloa les había quitado en el año 1993.

Habrá que ver hacia dónde se direcciona éste conflicto de intereses o hasta cuando se dilata el mismo. Seguramente dependerá de la voluntad de los involucrados, la relación de fuerzas entre las partes y la potencia de esa tradición política bien salteña que desliza a los políticos subordinarse al gobernador de turno. Lo cierto, sin embargo, es que los intendentes protagonizaron un curso acelerado e intensivo de la política realmente existente que los desempolvo de ciertas ingenuidades mientras lamentaban que quienes habiendo gozado y aprovechado un determinado orden de cosas entre provincia y municipios pretendan ahora desmontarla.