Un equipo de investigación publicó un informe que evidencia cómo los gobiernos que se sucedieron desde 1983 carecieron de políticas al respecto: Roberto Romero, Hernán Cornejo, Roberto Ulloa, Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey.
El informe publicado por el Equipo de Investigación del diario Perfil ubica el origen del problema en el año 1973, aunque prescinde de marcar que el gobierno de Miguel Ragone que asumió en aquel año gobernó apenas 17 meses y luego fue intervenido en medio de las convulsiones del momento que culminaron con el golpe de estado de 1976.
El informe enmarca el problema en una característica indisimulable: la falta de acceso al agua es propia de la región y la bebible está a cien o más metros de profundidad, lo cual encarece el costo de extracción. Lo cierto, no obstante, “es que los wichis nunca tuvieron respuestas efectivas desde el Estado para dar solución a ese flagelo que, en los últimos meses, provocó la muerte de ocho niños”, enfatiza la publicación que toma 1973 como año de referencia por ser cuando se inauguraron las primeras dos centrales hidroeléctricas en la provincia, el Embalse de Cabra Corral y el Tunal, en el Departamento Metán.
Ese año se creó el Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas (INCYTH), actualmente Instituto Nacional del Agua (INA), para la gestión equitativa y sustentable del recurso. “Sin embargo, desde entonces ninguna de las administraciones pudo emprender obras que definitivamente logren cumplir con el suministro de forma eficiente y abastecer de agua potable a toda la provincia”, resaltan.
El registro histórico muestra la falta de respuestas aun cuando la problemática estaba claramente diagnosticada: el Censo Nacional de 1980 mostraba que la zona de Tartagal y el departamento de Rivadavia ya era una de las más afectadas respecto a la falta de acceso al agua corriente; un Informe de Diagnóstico de Situación y Políticas Sociales orientadas a la Niñez en Salta realizado por el gobierno de Salta en 2015 junto con Unicef, muestra como las peores condiciones de cobertura a agua de red pública se presentan en los departamentos de Rivadavia, La Poma, Molinos y Santa Victoria, en los cuales el 47% o más de los niños y adolescentes no cuentan con acceso a ese servicio. De todos modos, las posibles soluciones a la temática tratada se realizaron por iniciativa de organizaciones del sector civil y entidades sociales a las que luego se sumaron instituciones gubernamentales. Como sucede con la Mesa del Agua del Chaco Salteño, conformada en 2016.
La historia muestra otra cosa: desde la vuelta a la democracia Salta estuvo bajo la gestión de Roberto Romero (1983-1987), a quien lo sucedió Hernán Cornejo (1987-1991). Luego, asumió Roberto Ulloa hasta 1995 donde inicia un periodo de reelecciones con Juan Carlos Romero (1995-2007) y Juan Manuel Urtubey (2007-2015).
Durante las distintas gobernaciones el servicio de suministro de aguas fue cambiando de manos: en los setenta con Obras Sanitarias de Salta; una década más tarde se provincializó a través de la Administración General de Aguas de Salta (Agas); en 1987 surgieron la Dirección Hidráulica para actividades de riego y la Dirección General de Obras Sanitarias para la prestación de servicios sanitarios, que funcionó hasta 1996; en 1999 se privatizó el servicio a través de Necon, una firma perteneciente al fallecido empresario de la construcción Juan Carlos Relats; en el 2009 la prestación de los servicios de agua y desagües cloacales en Salta volvió a manos de la Provincia, a través de la empresa Aguas del Norte. La página oficial de esta última no detalla las contrataciones de obras anteriores a 2019 y las actuales autoridades no respondieron a los requerimientos del Equipo de Investigación de Perfil.
El Plan Belgrano inaugurado por Macri que preveía obras para 2018 y 2019 respecto a un proyecto hídrico integral para la provincia, también quedó como una deuda para las zonas más desfavorables. En ese entonces Roberto Ulloa, coordinador del Plan en Salta, barajaba una inversión en la región superior a los 51.000 millones de pesos, que nunca terminó de implementarse.
El resultado es que los habitantes siguen sin acceder al agua superficial porque tiene arsénico, es salada o está contaminada con agroquímicos. Algunos pobladores acopian agua en bidones que portaron glifosato, utilizados para la fumigación en plantaciones aledañas. “El Ente Nacional de Obras Hídricas (Enohsa), destinará los fondos para la construcción de 2.000 cisternas, una por cada familia, con un presupuesto de 22 millones de pesos, esto incluye los equipamientos, los seguros y una serie de costos extras. Cuatro años es el tiempo que puede llegar a demorar la construcción de este sistema, considerando la confección de 600 cisternas por año”, enfatiza el informe.
«Los anuncios e inicios de obras, en el territorio no existen”, dice Gabriel Seghezzo, director de Fundapaz y miembro de la Mesa del Agua. “Aguas del Norte funciona mal. El programa Atlas utiliza los camiones para otros fines, no llegan a las comunidades más alejadas. De lo contrario, no estaría el Ejército repartiendo suministros. La mayoría de los pozos que se hicieron son de agua no apta para el consumo. En zonas como el Departamento de Rivadavia no es la mejor solución y, además, no es posible”. agregó Seghezzo al Equipo de Investigación.
