Lo informó el secretario de Asuntos Jurídicos de la Universidad, Sebastián Aguirre Astigueta. El embargo dispuesto por el juez federal Julio Bavio incluye el reclamo de Víctor Claros más 300 mil pesos por costas judiciales.
Quien dispuso el embargo fue el juez federal Julio Bavio quien por un lado suspendió el pago de lo reclamado por Claros a raíz de la denuncia «por lesividad» del rector Daniel Hoyos contra dos resoluciones del Consejo Superior que disponen pagar la suma solicitada por Claros; y por otro lado dio curso a un juicio sumarísimo iniciado por Claros ante la negativa del actual rector de disponer el pago de sus licencias.
Lo último enmarca el embargo mencionado que Aguirre Astigueta en representación de la UNSa apelará porque «va a afectar el funcionamiento de la Universidad, en la prestación de servicios esenciales, desde mantenimiento, pago de profesores, o becas». El letrado consideró que Bavio obró contra la ley Nº 26854, que establece el procedimiento para llevar adelante medidas de embargo y que exige un informe previo a una cautelar. «El juez dictó la medida antes de pedirnos el informe y no justificó las razones del embargo», adujo.
El 29 de diciembre de 2021 el Consejo Superior emitió la resolución 437, reconociendo la liquidación de haberes por 286 días de licencia que el exrector aduce no haberse tomado y que le adeudan. Luego, ratificó la votación el 7 de julio pasado mediante la resolución 300, en la que dispuso el pago. Claros se basa en estas resoluciones para reclamar el cobro.
Aguirre Astigueta sostuvo que estas resoluciones del Consejo Superior «han sido dictadas sin el dictamen jurídico del servicio jurídico permanente, que es el que ordena la ley». «El Consejo dictó la resolución con la opinión de un secretario jurídico, el doctor Alfredo Puig. Es una opinión, no el dictamen que la ley requiere», insistió.
