Así lo dispuso la Corte de Justicia mediante la Acordada 13.774. La misma fue promovida por la Oficina de Género, a cargo de la jueza de Corte, Sandra Bonari.
De esta manera, a partir del 1 de enero de 2023 para el ascenso y promoción en la carrera judicial se deberá acreditar la aprobación de las capacitaciones exigidas por la Ley Micaela, en materia de discriminación y violencia hacia las mujeres en razón del género. La acordada también establece que en toda contratación que suponga atención al personal judicial o al público en general, también se exigirá la aprobación de Ley Micaela.
La ley en cuestión fue promulgada el 10 de enero de 2019. Establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner.
