En su política ambiental, el macrismo se parece mucho al kirchnerismo que durante años remitió un porcentaje similar incumpliendo la ley. (Gonzalo Teruel)

En su política ambiental, el macrismo se parece, y mucho, al kirchnerismo. Y es que, en efecto, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, informó el viernes ante el Congreso que el Presupuesto 2018 dispone de menos de $600 millones para el cuidado de áreas boscosas. Tal como sucedía durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la administración de Mauricio Macri estableció una partida arbitraria e insuficiente para el cuidado de los bosques: $556,5 millones para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos y casi $26 millones para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos.

La Ley 26.331, vulgarmente conocida como “Ley de Bosques” o “Ley Bonasso”, dispone la creación de un Fondo de Conservación de los Bosques Nativos para compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial establecido en cada jurisdicción, no puedan poner en producción el territorio en cuestión. Ese fondo, según manda textual la ley, debe ser integrado por partidas anuales que “no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto Nacional” y por “el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”.

Pero, antes con Cristina y ahora con Macri, el gobierno nacional ignora esa fórmula y establece de manera arbitraria el dinero a distribuir entre las provincias con zonas boscosas a proteger. Cálculos de organizaciones ambientalistas y medios de prensa especializados coinciden que en 2018 el “Fondo de Bosques” debería ser superior a $10 mil millones: $8.713 millones equivalentes al 0,3% del Presupuesto y $1.519 millones por el 2% de las retenciones agroindustriales del 2017.

“En los últimos 8 años (la Ley de Bosques comenzó a regir de manera efectiva en 2010) el gobierno nacional debería haber transferido a las provincias compensaciones ambientales por casi $29 mil millones y entregó menos de $2.100 millones. Pero esos casi $27 mil millones nunca devengados medidos en términos reales, es decir actualizados por inflación, llevan la deuda ambiental de la nación con las provincias a casi $40 mil millones” reportó Cuarto Poder, a partir del cálculo de especialistas en la materia, hace un par de meses. La Casa Rosada, en efecto, nunca, ni con Cristina ni con Macri, integró conforme a derecho el Fondo de Bosques. Siempre estableció, en la Ley de Presupuesto, una partida tan arbitraria como insuficiente (nunca alcanzó siquiera el 10% de lo debido) para el pago de los servicios ambientales que brindan las provincias en general y los titulares de las tierras boscosas en particular a la sociedad toda.

Además, el gobierno federal modificó hace pocas semanas el trámite administrativo de la transferencia de esas partidas a las provincias para, según denuncian en organizaciones ambientalistas, discontinuar desde el año próximo el envío de esos recursos. El ministro de Ambiente y Producción de Salta, Javier Montero, reclamó por nota a su par nacional Sergio Bergman, el mismo que se disfraza de árbol y compra televisores en el extranjero, pero hasta ahora no obtuvo respuesta alguna.

“Más allá de los trámites que por cierto son complejos, lo verdaderamente grave es la amenaza de suspender el envío de fondos por incumplimientos administrativos” advirtieron también meses atrás a Cuarto Poder ambientalistas desilusionados con los hoy funcionarios de Bergman, otrora miembros de organizaciones que promovieron la Ley de Bosques, y acusaron que “en realidad lo que subyace es una clara intención de desfinanciar a las provincias y provocar que la ley se vuelva inaplicable”.

Denunciaron, además, que “para determinados sectores económicos la Ley de Bosques es un claro escollo para los grandes desarrollos inmobiliarios y productivos que pretende llevar adelante el gobierno nacional”. Si esto último es verdad nadie lo reconocerá oficialmente pero, lo real y cierto es que, siempre con acceso a información privilegiada, el banquero Jorge Brito anunció que colocará títulos en Wall Street para recaudar 200 millones de dólares y expandir su negocio ganadero.

“Con el objetivo de multiplicar su volumen, en medio de condiciones favorables que ya perfilan un crecimiento del sector a nivel nacional (tras la eliminación de los derechos de exportación del 15%), el empresario reconoció que buscará próximamente salir a cotizar acciones de Inversora Juramento en la Bolsa de Nueva York, a través de una oferta pública” sintetizó el diario El Cronista Comercial y confirmó que en declaraciones a la agencia especializada en noticias económicas Bloomberg Brito blanqueó que espera “recaudar hasta 200 millones de dólares para dar liquidez a los inversores del emprendimiento ganadero ubicado en la provincia de Salta, que actualmente cuenta con un estimado de 70 mil vacas”.

“Además de multiplicar la cantidad de cabezas, con el capital acumulado prevé adquirir nuevas tierras y extender las 87.414 hectáreas que posee actualmente para la cría de ganado vacuno de las razas Brangus y Braford (de las cuales exporta cortes premium a Europa, aunque la mayor parte de la carne la vende en el país). La empresa dispone también de 14 mil hectáreas para cultivar maíz y soja para alimentar el ganado” precisó el matutino especializado en negocios y finanzas.

Si Brito, dueño del Banco Macro controlante de Inversora Juramento y del Frigorífico Bermejo, quiere ampliar su inversión en la actividad agropecuaria es porque sabe que será buen negocio. Sabe, con seguridad, que el gobierno nacional no objetará una nueva expansión de la frontera agrícola incluso sobre tierras boscosas protegidas por una ley que en diciembre cumplirá 10 años.

La vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser

Antes de asumir como presidente, Mauricio Macri prometió que su gabinete de ministros y secretarios sería “el mejor equipo de los últimos 50 años”.

Tal vez por eso Sergio Bergman, farmacéutico, rabino y sorpresivo ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, convocó para que lo acompañen en la gestión pública a varios referentes de organizaciones ambientalistas: Emiliano Ezcurra de Greenpeace, Diego Moreno de la Fundación Vida Silvestre y Dolores Duverges de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, entre otros.

Hace una década, desde esas organizaciones Ezcurra, Moreno y Duverges impulsaron la sanción de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos presentada por el periodista y entonces diputado Miguel Bonasso.

Pero ahora con importantes cargos de gobierno, Moreno es secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable mientras que Duverges es subsecretaria de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, permiten la violación flagrante de esa misma ley. Y peor aún, según denuncian en las provincias del norte, son los ejecutores del plan de vaciamiento del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos y de la confiscación de los recursos que por legítimo derecho corresponden a las provincias.