Así lo señaló el cacique Abel Mendoza Lustaj, quien además se lamentó que la jueza Andrea Magadán argumentó falta de testigos y no brindó asistencia a la víctima.
Mendoza, que además es presidente de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP), en entrevista con el programa CUARTO OSCURO (FM La Cuerda 104.5) señaló que se manifiestan en la ciudad judicial de Tartagal por «varios hechos ilegales».
En ese sentido explicó la situación del docente y coordinador de un alberge público de Santa Victoria Este donde acuden niñas y adolescentes wichi, denunciado por abusar sexualmente de una menor en reiteradas ocasiones. «Son varios hechos, solo que las madres no denunciaron por amenazas y persecución a sus familias», acotó.
«Pero sí hubo una denuncia en el Poder Judicial y esperamos dos años para que la justicia tome cartas en el asunto, cuando nosotros tuvimos que esperar y la persona denunciada seguía ejerciendo su labor», se lamentó Mendoza.
Además el cacique contó que en el albergue, hace dos años y antes de la denuncia por abuso, asistían alrededor de 30 niñas; ahora hay alrededor de 20, porque muchas madres decidieron dejar de enviarlas tras hacerse público lo del docente.
«Vemos que el ministro de seguridad está haciendo la vista gorda porque no hay justicia para las comunidades indígenas», acotó. Luego explicó que la justicia favoreció al docente porque «no permitió poner facilitadores indígenas interculturales, que es un derecho que nos corresponde. La denunciante no fue acompañada y mucho menos la víctima que cuando fue a la cámara Gesell pensaba que iba a ser detenida».
«Es más, la doctora Andrea Magadán dijo que no tenía suficientes pruebas para detener al abusador y que la nena no tenía testigos. Eso es una cosa de locos», añadió Mendoza.
